Toxo anuncia que reabrirá una investigación interna sobre la trama de los ERE

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha informado hoy de que el sindicato reabrirá una investigación interna sobre la trama de los ERE en Andalucía y que sus servicios jurídicos evaluarán si se presentan como acusación particular. En una rueda de prensa para informar de las decisiones de la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, celebrada ayer, Toxo ha adelantado estas cuestiones a la luz de los nuevos datos que se han conocido a través de los autos judiciales.

Toxo, ha dicho que tiene "confianza en la organización de Andalucía", pero ha señalado que tiene 60 años y que "hace mucho que he dejado de poner la mano en el fuego por nadie". Según Toxo, la Ejecutiva ha querido resaltar el papel del sindicato en relación con los ERE, ya que el 99,9 % de ellos "nacen de la iniciativa empresarial" y la intervención de la representación sindical "no sólo es legítima, sino que es obligada y debe intervenir cuando se plantean los ERE".

NO SOLO LA PRESENCIA DE LOS SINDICATOS

Toxo ha recordado que la gestión de los ERE exige no sólo la presencia de sindicalistas sino de toda una serie de personas especializadas, como abogados, economistas o personal administrativo.A este respecto ha señalado que no es "capaz de entender cómo absolutamente nadie cuestiona la intervención de los bufetes de abogados de reconocido renombre que representan a las empresas" en la gestión de los ERE, cuya nómina es "muy superior" a la de los sindicatos.

Sobre quién debe correr con los gastos de la financiación, ha considerado que deben ser las empresas y "una vez determinada la cuantía que se va a garantizar a los trabajadores".Toxo ha recordado que hace un año CCOO creó una comisión de investigación y que no se desprendían inicios de actuaciones ilegítimas por parte de personas del sindicato, pero que en los actos judiciales a los que ha "tenido acceso" se desprenden "nuevos elementos que han de ser tenidos en cuenta".

Ante ello, se ha planteado evaluar la situación "desde el principio" y recabar de nuevo de las organizaciones y personas de CCOO que han intervenido en la gestión de los ERE todos los datos sobre su participación a la luz de las nuevas informaciones. Además, la Ejecutiva ha decidido dar cuenta pública de todas las actuaciones del sindicato y de sus organizaciones en el proceso: intervenciones, instrumentos para la intervención en los ERE, incluidas las asociaciones de trabajadores, medios empleados, y la facturación realizada, efectos legales y efectos sobre las personas. También la repercusión fiscal que ha tenido la intervención en todo el proceso de los ERE.

CCOO NO FORMA PARTE DE NINGUNA RED

Ha añadido de que si del proceso abierto se derivaran responsabilidades "individuales o colectivas", se tomarán decisiones "internas" independientemente de los procesos judiciales en marcha. "CCOO no forma parte de ninguna red vinculada a la tramitación de los ERE y se atiene a la legislación vigente", ha insistido Toxo, quien ha dicho que el sindicato se pone a disposición de la autoridad judicial para evitar la profundización en el daño que esto está haciendo, que es "intolerable e inadmisible".

Pese a que cree que el sindicato está siendo perjudicado en su imagen ha dicho que no va a caer "en el victimismo" ni a señalar que todo forma parte de una conspiración.Ha pedido que se aclare todo cuanto antes, ya que hay indicios de una red de corrupción que ha funcionado "en paralelo" a la gestión de los ERE, en la que se ha mostrado convencido de que no está implicada persona o estructura alguna de CCOO, y "lo contrario sería una sorpresa".

EL GOBIERNO PIDE LLEGAR HASTA EL FINAL

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado este viernes que el Gobierno respeta el proceso judicial abierto por los ERE fraudulentos en el entorno de la Junta de Andalucía y ha pedido que se "esclarezca la verdad" y se "castigue a los responsables".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta ha señalado que, como en cualquier otro supuesto sometido a un proceso judicial, el Ejecutivo pide la "máxima colaboración de la justicia".

Además, sobre el dinero que pudiera haber sido ser defraudado, ha apuntado que "sigue con interés" el "destino de los fondos públicos", como en cualquier otro caso y, "particularmente" aquellos que, como en el de los ERE, afectan al empleo.