El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los otros 3 investigados por sedición en la Audiencia Nacional serán citados de nuevo tras examinar la Fiscalía el "voluminoso" atestado presentado este viernes por la Guardia Civil en relación a los disturbios del 20 de septiembre y otros hechos anteriores y posteriores ocurridos durante el 1-O.
La presentación de este atestado, que la Fiscalía considera "trascendente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación" por sedición y en el que aparece alguna persona más "susceptible de imputación", ha llevado al teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, a pedir a la juez Carmen Lamela la suspensión de las comparecencias para evitar "posibles nulidades", petición a la que se han unido las defensas, informa la Fiscalía en una nota de prensa.
La juez, que no ha descartado volverles a citar una vez se hayan instruido con la nueva documentación de la que hoy se les ha dado traslado, se ha opuesto sin embargo a suspender las comparecencias al entender que al ser llamados como investigados ya existían datos de la posible comisión de un delito de sedición.
Tras esta decisión de la juez, solo Trapero y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, han querido declarar, si bien este último se ha limitado a responder a su abogado. Los otros dos investigados, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no han prestado declaración. En el caso de la agente de la policía catalana por problemas de salud que le han impedido trasladarse a la Audiencia Nacional, mientras que Cuixart se ha negado directamente a declarar.
Ante esta situación, y al entender que los cuatro deberán ser de nuevo citados para ser interrogados en base al nuevo atestado de la Guardia Civil, el fiscal ha optado por no pedir medidas cautelares para ninguno al considerar que la comparecencia de hoy ha quedado "inconclusa".
Por ello ha solicitado a Lamela que fije una nueva fecha "a la mayor brevedad posible" para continuar con la toma de declaraciones a los investigados y después de esa nueva comparecencia podría ya solicitar a la juez la adopción de medidas cautelares. "La Fiscalía velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado", destaca el Ministerio Público en la citada nota.
El nuevo informe del instituto armado, de unos 400 folios, no se limita únicamente a los disturbios registrados el 20 y 21 de septiembre en el transcurso de un registro a la Consejería de Economía de la Generalitat en relación con los preparativos del 1-O, sino que recoge también hechos anteriores y posteriores a los días investigados.
No obstante, fuentes jurídicas han precisado que la investigación por sedición en la Audiencia Nacional se ciñe por el momento solo a esos días, ya que aún no se ha decidido si se va a incluir lo ocurrido durante la jornada del 1-O, pero han destacado que esos hechos anteriores y posteriores sirven para apuntalar la imputación de sedición.
TRAPERO DECLARA QUE NO LE AVISARON CON TIEMPO DEL REGISTRO EN ECONOMÍA
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defendido este viernes ante la Audiencia Nacional que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" teniendo en cuenta que no se les avisó con suficiente antelación y ha negado haber cometido ningún delito de sedición.
En un comunicado de los Servicios Jurídicos de la Dirección General de la Policía y la Consejería de Interior, informan de que el mayor ha trasladado a la autoridad judicial "el convencimiento de que la actuación del Cuerpo de los Mossos fue la correcta y necesaria en atención a las circunstancias de ese día", en el que miles de personas se concentraron en las inmediaciones de la Consejería.
Trapero, que ha declarado en calidad de investigado por un delito de sedición, ha asegurado que los Mossos "no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo y esto obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias", y además, la primera noticia sobre la actuación de la Guardia Civil les llegó a través de los medios de comunicación. "La confianza que el mayor ha transmitido a la hora de explicar el dispositivo policial reafirma el convencimiento de que se tomaron las medidas adecuadas en función de los acontecimientos de ese momento", argumentan en la nota.
"PERCEPCIONES DIFERENTES"
Admiten que pueda haber "percepciones diferentes" sobre el dispositivo policial por parte de la Guardia Civil porque tienen formas diferentes de abordar el orden público. Defienden que gestionaron la seguridad ese día como hacen siempre en dispositivos de estas características "independientemente de los motivos y colectivos que las provoquen".
También estaba citada en la misma causa la intendente jefe del Eixample, Teresa Laplana, que finalmente no ha declarado por cuestiones médicas justificadas, y los dos han mostrado su "absoluta predisposición" para explicar y responder cualquier cuestión sobre el operativo. Todo ello, pese al "poco tiempo de margen entre la citación y la declaración así como las dificultades para conocer con suficiente antelación el contenido de las actuaciones y los graves hechos que les atribuyen".
Antes de que declarara Trapero fue el turno de su compañera Teresa Laplana que ha comparecido a través de videoconferencia tras alegar que padecía vértigos. Tras ser examinada por un médico forense, este determinó que no podía desplazarse pero que estaba en condiciones de declarar.
Sin embargo, anoche estuvo ingresada por un episodio de ansiedad y finalmente ha pedido no declarar, según las fuentes.
Cuixart por su parte se ha negado a declarar al manifestar que este tribunal no era competente al entender que no ha cometido el delito que se le imputa.
