El Tribunal Supremo decidirá el 4 de enero si mantiene a Junqueras en prisión o le deja en libertad

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado ampliar la investigación que sigue por un posible delito de rebelión en el procés independentista al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, entre otros.

Además, el juez también sospecha de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y de la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.

El juez Pablo Llarena les ha comunicado a todos que tienen ante él la condición de investigados, lo que implica que antes o después los citará como imputados para que presten declaración.

Considera que cuenta con indicios suficientes como para sospechar que formaron parte del comité que coordinó la estrategia hacia la rebelión que, según su criterio preliminar, constituyó el procés.

Las sospechas se fundamentan, según el juez, no solo en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento Enfocats -considerado la hoja de ruta del procés-, "sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge".

Llarena ha recibido recientemente un informe de la Guardia Civil que apunta a estas personas, entre otras, como líderes de la trama independentista hacia la rebelión.

En suma: el juez los considera imputados en delitos de rebelión y otros, al igual que al president y ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; a quienes les acompañaban en el Govern; y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, junto a otros cinco miembros de la Mesa.

Así, el número de imputados en el caso sigue creciendo: estos seis nuevos imputados se suman a los 22 que ya estaban siendo investigados por Llarena.

Una gran parte de ellos han sido elegidos en las elecciones de ayer (y cinco están fuera de España, empezando por Carles Puigdemont, y otros cuatro en prisión preventiva, como es el caso de Junqueras).

Fuentes de la investigación han señalado a Efe que es improbable que se siga incrementando el número de investigados y que posiblemente el número de procesados por rebelión quede reducido finalmente a menos, en torno a 24 o 26.

De ese grupo no quedarán excluidos en ningún caso, según las fuentes citadas, el exmayor de los Mossos Jose Lluís Trapero y Josep María Jové, segundo de Oriol Junqueras. A Jové se le intervino el documento Enfocats sobre la hoja de ruta independentista.

La Fiscalía ha pedido al juez del Supremo Pablo Llarena que les cite como investigados en la causa abierta por rebelión.

Fuentes de la investigación consideran a Trapero el mando de la fuerza armada para la rebelión y a Jové como una figura clave en la organización práctica de la trama para la declaración unilateral de independencia y las movilizaciones y tumultos asociadas.Así, la Fiscalía reclama en su escrito que el Supremo se haga con la investigación a Trapero que quedó en la Audiencia Nacional.

Otra de las personas claves en la organización del procés, tal y como considera el juez Llarena, es Junqueras, a quien el magistrado no quiso dejar en libertad bajo fianza -como sí hizo con seis de los ex consellers que estaban en prisión preventiva-.Llarena le otorga un papel esencial en el liderazgo de la trama y valora como grave el riesgo de reiteración delictiva en su caso.

Ese criterio será revisado por Supremo el próximo 4 de enero en vista pública, cuando estudie el recurso contra la prisión preventiva que presentó el exvicepresidente de la Generalitat. Le ha citado para que esté presente durante la vista, que se celebrará a las 10.30 horas.

Entre tanto, queda pendiente la cuestión de si los cargos electos que están en prisión (además de Junqueras, el ex conseller Joaquim Forn y el líder independentista Jordi Sánchez) podrán acudir a la toma de posesión de sus escaños. Para ello debería darles permiso Llarena.

El partido VOX, que actúa como acusación popular en este sumario, ha anunciado hoy que pedirá al juez que no les conceda permiso para tomar posesión de sus escaños.