El juez envía a prisión sin fianza por rebelión a Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés', ha decretado el ingreso en prisión incondicional del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los exconsejeros Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos por los que les ha procesado este mismo viernes. Lo hace a petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox.

De acuerdo con el auto que el juez que ha notificado este mismo viernes a las partes personadas en la causa, tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión.

Los hombres serán conducidos a la carcel de Estremera y las mujeres ingresarán en la de Alcalá Meco.

Asimismo, el juez procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras y la huida Marta Rovira, por el desafio independentista. En total son 13 personas las imputadas por ese delito. Los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Antonio Comìn y los ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y el ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

El juez ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Son los únicos 3 de los 28 investigados en el Supremo por el "procés" hacia la independencia unilateral de Cataluña que no han sido procesados por el magistrado. El resto de investigados ha sido procesado por delitos de rebelión (13), desobediencia o malversación

Todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro fugados que son el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.

El juez Pablo Llarena considera que la limitación de los derechos políticos del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, responde a la "gravedad de los hechos" que se le imputan y a la "adecuada" protección de los bienes jurídicos, en este caso el ordenamiento del Estado democrático.

DELITOS DE MALVERSACIÓN Y DESOBEDIENCIA

En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros 5 exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete consejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Así mismo el juez procesa por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.

PUIGDEMONT, JUNQUERAS Y FORN SABÍAN QUE EL 1-O HABRÍA VIOLENCIA

El expresidente del Govern Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn sabían "sobradamente" que en la jornada del referéndum habría una "escalada de violencia", ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión. Así lo afirma el juez en el auto en el que los procesa por rebelión, donde cuenta que el 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, los máximos responsables de los Mossos se reunieron con los tres.

En el encuentro les informaron de que, "si bien había imperado hasta entonces un pacto tácito de no violencia, la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas (entre ellos el comité de defensa del referéndum, estudiantes, bomberos, etcétera), hacían prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento", por lo que lo que aportaba seguridad "era eludir la votación del 1-0". Ello indica, para el juez, que "los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia", en vista de los enfrentamientos ocurridos ocho días antes, el 20 de septiembre, en la Consejería de Economía.

MARTA ROVIRA SE FUGA Y EL JUEZ DICTA ORDEN DE DETENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA ELLA

La 'número dos' de ERC, Marta Rovira, imputada en el caso del proceso independentista de Cataluña, ha huído de la Justicia y se ha marchado a Suiza.

Rovira, al igual que el resto d elos imputados por rebelión estaba citada hoy en el Tribunal Supremo donde el juez Llarena iba a comunicarle el auto de procesamiento. Rovira no tenía retirado el pasaporte ni prohibición de salida del territorio nacional en las medidas cautelares que le impuso el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cuando la ya exdiputada acudió a declarar el pasado 19 de febrero.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, y ha reactivado las órdenes de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Adopta esta medida igualmente para la exportavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, quien no acudió a su citación judicial del pasado 21 de febrero huyendo a Suiza, país donde se encuentra en la actualidad y en el que no rigen las euroórdenes.

Por otro lado, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron a Bélgica a finales del pasado mes de octubre. Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.