UGT respalda a su rama andaluza y le pide mayor esfuerzo en sus explicaciones

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha mantenido este jueves que se asumirán las responsabilidades políticas que pudiera haber en la actuación del sindicato en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y en el de las facturas de UGT-A y la gestión de los fondos destinados a formación de desempleados, pero ha puntualizado que esas responsabilidades se adoptarán en las "instancias" en las que correspondan.

"Esto me afecta, sí, sin ningún género de dudas porque represento a todos los afiliados pero a la hora de identificar qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido, la responsabilidad material y política está en cada una de las instancias de la organización de mi sindicato, es lo que tiene que quedar claro", ha dicho Méndez en una rueda de prensa en Madrid para dar cuenta de la Resolución fruto del Comité Confederal del sindicato, cuando ha apostillado que la organización en Andalucía "aún no tiene ninguna imputación".

En ese sentido, ha pedido no confundir "la estructura de un partido con la de un sindicato" porque la de éste es "muy descentralizada". "La organización actúa con un nivel muy alto de descentralización y en cada ámbito se prueban los presupuestos correspondientes", ha insistido el responsable sindical.

Méndez ha mantenido que el secretario general del sindicato, "a priori" ni puede ni debe conocer toda la información detallada que la gestión de cada una de las federaciones, pero a renglón seguido ha añadido que la asunción de responsabilidades políticas "sirve para cualquier ámbito de la organización". A preguntas de los periodistas también ha dicho que él ostenta la responsabilidad general de UGT pero no puede "informar con todo lujo de detalles de lo que puede ocurrir en las organizaciones del sindicato". Así, se ha referido a la supuesta financiación ilegal de UGT-A con fondos destinados a formación y ha señalado que, considerando que "hay que reformar el actual modelo", la actuación del sindicato siempre ha cumplido "las cautelas de legalidad y control".

"DIMITIR ESTA EN EL ACERBO DE LA ORGANIZACION"

Por otro lado, el responsable de UGT ha señalado que tanto ayer como hoy habló con su homólogo de UGT-A, Francisco Fernández, pero ha eludido explicar qué trataron en esas conversaciones señalando que "no es el contenido de la conversación sino el proceso iniciado con la convocatoria del Comité Extraordinario" lo más destacable.

Preguntado por si durante el Comité Confederal de estos dos últimos días se ha hablado directamente de dimisiones, Méndez ha dicho que él "personalmente" usó el término 'dimitir' que, además, "forma parte del acerbo democrático de la organización" .

Además, cuestionado por si considera que la federación andaluza vulneró el código ético de la organización, ha mantenido que hay cuestiones, como lo relacionado con la factura de la Feria de Abril, que la propia UGT-A "tomó la decisión de devolver". "Si lo hacen es porque lo consideran incomprensible y la organización cree que está mal", ha añadido.

Méndez también ha dejado claro el "respeto escrupuloso a los procedimientos judiciales y a los representantes de poder judicial" pero ha defendido el papel habitual del sindicato en los conflictos laborales y ha confiado en que se "pueda acreditar suficientemente el por qué" de su trabajo y la correlación con los recursos económicos que se hayan ingresado en casos como los ERE andaluces.

Preguntado sobre si esperar hasta el 9 de enero, cuando se celebre el Comité Federal de UGT-Andalucía, es demasiado tiempo, Méndez ha insistido en que "la voluntad" de la UGT-A es aclarar "de una manera total y profunda la situación" y se ha mostrado comprensivo con los plazos marcados por la organización sindical en Andalucía. "Lo secundario es el tiempo, que es muy razonable y lo importante es el desenlace", ha mantenido. Según ha explicado, "el tiempo de los medios de comunicación es uno y el tiempo democrático de una organización es otro". "Una organización como UGT le debe respeto a sus procedimientos y a las decisiones democráticas de los organismos y de las comisiones de control", ha remachado.

Sobre la imagen que pueda seguir dando el sindicato hasta el 9 de enero tanto de cara a la opinión pública como a los afiliados, Méndez se ha mostrado convencido de que "la visión y la percepción de los ciudadanos no depende tanto de los dirigentes del sindicato, sino del trabajo abnegado y del esfuerzo de miles de representantes sindicales en los centros de trabajo". "Esa es la base y la fortaleza de UGT", ha zanjado.

EXPLICACIONES FRENTE AL "HOSTIGAMIENTO"

Previamente, el Comité Confederal de UGT había expresado su respaldo a UGT-Andalucía, afectada por el caso de los ERE y el supuesto desvío de fondos para la formación, pero le ha pedido que "extreme su esfuerzo de información" ante el perjuicio que estas "difamaciones" están causando al sindicato.

Así consta en una de las resoluciones, aprobadas hoy por el comité confederal ordinario de UGT, relativa a su situación interna, y en la que hace extensiva la petición de "extremar el esfuerzo" informativo a todas las organizaciones del sindicato.

También denuncia "la campaña maliciosa" de "hostigamiento" político y mediático que está sufriendo el sindicato respecto a su gestión económica.

Sin embargo, en la resolución UGT declara la "firme voluntad" de dar cumplimiento al código ético del sindicato cuya "posible vulneración pudiera ser causa de la exigencia de las responsabilidades políticas oportunas".

En la conclusión sobre su situación interna, UGT asegura que "son falsas las acusaciones de determinados medios sobre el desarrollo de la formación para el empleo promovida por el sindicato" e insiste en que está "fuertemente comprometido" con la formación permanente.

También hace una referencia al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), del que destaca su "reconocido prestigio" y su objetivo de gestionar la formación "como fundación sin ánimo de lucro".

Además, el comité denuncia la intención de "transformar imputaciones aisladas, que se están investigando" en una "causa general contra la organización sindical, elevando a la categoría general de sospecha la actuación global del sindicato, como si ya se hubiera emitido una sentencia condenatoria".