El sindicato UGT exportó a Alcorcón los métodos que ponían en práctica en Andalucía para desviar el dinero de las subvenciones a su propia financiación.
El anterior alcalde, el socialista Enrique Cascallana, daba el dinero a la federación, que presentaba facturas de material de oficina comprado a una empresa del mismo sindicato.
El escándalo de las facturas manipuladas de UGT se extiende como una mancha de aceite. Hoy aparecen nuevas facturas que el sindicato cargó a fondos públicos de forma presuntamente irregular. Y aparecen no en Andalucía sino en la Comunidad de Madrid. Las publica el diario ABC en su edición de este lunes.
El anterior alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, daba el dinero a la federación ugetista madrileña, que presentaba facturas de material de oficina comprado a una empresa del mismo sindicato.
Así la organización se autocontrataba como proveedor de material. Llegaban a cargar incuso el papel higiénico. Y, además, añadían una "mordida" del 5% para la hucha del sindicato.
EL PP PEDIRÁ LA REPROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE UGT
La portavoz del grupo municipal del PP en Alcorcón, Laura Pontes, ha anunciado que el PP va a pedir en el pleno del próximo miércoles la reprobación de la dirección de UGT en la ciudad por el presunto cobro de comisiones a costa de los fondos públicos. Pontes ha avanzado esta iniciativa después de que el gobierno municipal de Alcorcón haya explicado esta mañana que elevará a la junta de Gobierno local la solicitud de la apertura de un expediente de control financiero que aclare el posible uso irregular de estos fondos por parte de esta formación sindical.
El Consistorio asegura que en dicho periodo -entre 2007 y 2011- "se pagaron facturas (desde el erario municipal) que incluían cobros de comisiones por parte de entidades afines a la central sindical".
"Lo más curioso -explica Pontes- es que, sin el menor rubor, en las propias facturas, el sindicato colocaba claramente el concepto: comisiones".
La reprobación a la cúpula de este sindicato se justifica, en opinión de Pontes, porque "son las mismas personas que pasaban estas facturas, en las que se compraban carpetas por miles, folios a cajas, o papel higiénico, a pesar de que el propio Ayuntamiento está obligado a entregar todo ese material, como recoge el convenio colectivo".
Pontes cree que los responsables de UGT en la ciudad deben dimitir "inmediatamente si no son capaces de dar una explicación lógica y coherente de en qué dedicaban el dinero público y por qué hacían ese uso de los fondos que aportan los alcorconeros a través de sus impuestos".
"Eso -apunta Pontes- por no hablar de las comidas, repostaje de gasolina, o una partida de miles de globos, un material sin duda indispensable para el desarrollo del asesoramiento laboral y apoyo sindical a los trabajadores municipales, que es para lo que los fondos públicos deben destinarse".
Durante el último mandato de Enrique Cascallana (PSOE), las centrales sindicales percibieron una serie de subvenciones en función del número de representantes elegidos por los trabajadores. El montante obtenido por UGT, sostienen desde el Consistorio, "era en torno de los 7.000 euros anuales, según baremos que recoge el propio convenio colectivo" del Ayuntamiento de la localidad.
El citado acuerdo establece, entre otras cosas, que esas subvenciones debían destinarse íntegramente a labores sindicales a favor de los trabajadores municipales.
El actual regidor, David Pérez (PP), suprimió en 2011 las subvenciones a los sindicatos y partidos políticos ante la situación económica del Ayuntamiento, con una deuda de 612 millones de euros.
COSPEDAL URGE A ABRIR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO QUE UGT HA DADO AL DINERO PÚBLICO RECIBIDO PARA FORMACIÓN
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, considera "extraordinariamente urgente" que se inicie ya una investigación judicial para que se aclare qué uso ha hecho el sindicato UGT del dinero público que ha venido recibiendo para organizar cursos de formación y ha asegurado que le "sorprende" que "algunos" tengan "tan poco interés en que se sepa la verdad" sobre esta cuestión.
La semana pasada la Audiencia Nacional aceptó una denuncia de Manos Limpias contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y está estudiando la posible apertura de diligencias sobre una presunta financiación de la central a través del dinero recibido para formación. Según Cospedal, "es más que urgente que se sepa qué ha pasado" con ese dinero. "Es extraordinariamente urgente y la investigación debería comenzar", ha dicho.
