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El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea, el único que no apoyó el nombramiento de Rafael Mozo como sustituto provisional de Carlos Lesmes en la presidencia del órgano de gobierno de los jueces, ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra la designación y pidiendo como medida urgente su suspensión.

En un pleno extraordinario celebrado el pasado jueves, 16 de los vocales respaldaron la elección de Mozo como sustituto de Carlos Lesmes tras su dimisión como presidente y separando así la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ.

El conservador Olea votó en contra de esta decisión y ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. No ha sido el único recurso presentado.

El secretario general del Consejo, José Luis de Benito, también ha recurrido la decisión e, incluso, impugna la legalidad del pleno, que considera nulo.

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El lío que estos recursos genera es mayúsculo, no sólo porque pueden dar al traste con la sucesión de Lesmes sino porque la ley establece que este tipo de recursos van a parar la Sección Sexta del Tribunal Supremo, bajo presidencia de César Tolosa, que a su vez fue miembro de la Sala de Gobierno que refrendó, de acuerdo con la posición de Lesmes, que su sucesor tanto en el Consejo como en el Supremo, debería ser el presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín Castán.

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Estos criterios saltaron por los aires en el pleno del CGPJ del pasado jueves con la designación de Rafael Mozo y ahora no faltan los vocales que expresan sus dudas sobre si Tolosa debería apartarse y no participar en el fallo sobre ambos recursos, dado que ha apoyado abiertamente la postura defendida por Lesmes.

Olea presentó en este pleno un voto particular en el que defendía que hubiera un solo presidente y que el pleno del CGPJ no tenía “competencias para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quién ejercite la presidencia del Tribunal Supremo”.

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Los vocales que apoyaron la designación de Mozo sostuvieron su postura en el argumento de que su presidencia sería una mera suplencia y no una sustitución de pleno derecho, por lo que su capacidad de decisión estaría limitada. Olea cree que cualquier decisión que pudiera tomar el nuevo presidente podría ser nula, por lo que pide como medida cautelarísima la suspensión de su nombramiento. La decisión se deberá tomar en un plazo de 48 horas.