La Unión de Oficiales de la Guardia Civil pedirá personarse en la causa judicial del caso Faisán

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil anunció que emprenderán acciones para que el juez Pablo Ruz, que investiga en "caso Faisán", profundice también en las finanzas de ETA y en el dinero que la banda criminal puede tener en paraísos fiscales. Así lo anunciaron en rueda de prensa el presidente de la asociación, Francisco García, y su abogado, Jesús Martín, que anunciaron que van a solicitar la personación en la causa de la que derivó el "caso Faisán".

Este sumario principal, que está también en el juzgado de Pablo Ruz, se refiere a la trama de extorsión de ETA y a cómo la banda terrorista amenaza a empresarios para recabar fondos. En este contexto, aseguraron que existe una pieza secreta referida al dinero que los etarras podrían tener en paraísos fiscales.

Además, García explicó que su asociación va a solicitar la personación en esta causa para tratar de aclarar si es cierto lo dicho por Juan Cotino, exdirector de la Policía Nacional con el PP, que ha sugerido que dinero de los fondos reservados pudo llegar a ETA a través del bar Faisán. Para el presidente de la Unión de Oficiales las declaraciones de Cotino son un "motivo más" para personarse porque sería "gravísimo" que dinero de los fondos reservados pudiera haber llegado a la banda etarra.

"COTINO ALGO SABE DEL TEMA"

"Existe la obligación de demostrar que eso haya ocurrido", ha añadido el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, quien ha asegurado que las declaraciones de Cotino "son cualificadas". "Algo sabe del tema" ha apostillado.

Al ser preguntados por los medios de comunicación acerca de si otorgan crédito a esas acusaciones de Cotino, los propios representantes de la Unión de Oficiales han recordado que ayer el ex director general de la Policía durante el Gobierno de José Mª Aznar matizó sus palabras y afirmó no tener pruebas. No obstante, Martín Vázquez ha defendido que el mero hecho de que "durante un tiempo mantuviese esas insinuaciones ya es lo suficientemente importante para personarse".

En cualquier caso, García ha explicado que las declaraciones del ex director de la Policía tan sólo han sido el "enganche" para que su colectivo pida la personación en esta causa. "No han sido condicionantes, ya barajábamos personarnos hace tiempo, lo que ha hecho Cotino es propiciar el momento", ha dicho García quien también han considerado relevante los cambios experimentados en el Juzgado de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional que investiga estos hechos y en concreto la salida de su anterior titulat Baltasar Garzón.

Ha recordado que el 'caso chivatazo' -en el que este colectivo ya está personado junto con el PP- "se pretendía archivar y en cuanto se ha hurgado, se ha visto que había y mucho". Al ser preguntado por esta investigación ha insistido en la tesis de que ningún policía tomaría la decisión de parar una operación policial si no es con una orden política previa. A este respecto, García sostuvo que la investigación sobre el chivatazo "no tiene vuelta atrás", de manera que lo que queda por dilucidar es donde se frenarán las "responsabilidades".

Al mismo tiempo García también emplazó al vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a explicar si mentía o fue engañado cuando dijo que las grabaciones policiales del bar "Faisán" no tenían cortes. Según el presidente de la Unión de Oficiales, si Rubalcaba fue engañado debe cesar a los que le facilitaron información falsa.

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Asimismo, en la rueda de prensa de hoy la Unión de Oficiales ha anunciado también la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 3 de noviembre de 2010 archivó una querella presentada por este colectivo contra el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por presuntos delitos de nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.

La querella respondía a una oferta de puestos de trabajo para inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía. Para ellos, se indicaba además que se valorarían las titulaciones en prevención de riesgos laborales.

Pese a todo ello, 4 de los 15 puestos se otorgaron a miembros de las Fuerzas Armadas, no a miembros de la Guardia Civil ni de la Policía, y que además no reunían los requisitos de formación solicitados, según la asociación denunciante.