Veintitrés decretos leyes han visto la luz en siete meses de Congreso

El Congreso de los Diputados ha aprobado durante los siete primeros meses de la X Legislatura un paquete de 23 decretos leyes que el Gobierno ha empleado para plasmar sus reformas, de los cuales siete se han tramitado como proyectos de ley, permitiendo la introducción de enmiendas de los grupos.

La estadística de la actividad legislativa de la Cámara Baja desde que arrancó la legislatura demuestra un uso intensivo de la fórmula del decreto ley (norma aprobada por el Gobierno que entra en vigor por motivos de urgente necesidad y que después tiene que convalidar el Parlamento) frente al empleo de leyes ordinarias.

De hecho, han sido muy pocas las leyes aprobadas fuera de ese procedimiento urgente, sólo cinco, cuatro estrictamente económicas y una quinta referida al modelo de las televisiones autonómicas.

Se trata del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de otra Ley Orgánica complementaria de esta última, de la ley que autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad -el llamado Pacto Fiscal Europeo- y de la reforma de la Ley de Comunicación que da vía libre a la privatización de las televisiones autonómicas.

Otras siete normas más que se han tramitado como proyectos de ley procedían de decretos leyes previamente convalidados por el pleno a los que en su momento la Cámara decidió darles la posibilidad de modificar con enmiendas.

Así, con estos resultados, el balance apunta que en el primer período de sesiones de la legislatura se convalidaron sin cambios dieciséis decretos leyes, otros siete incorporaron enmiendas y además hubo otras cinco leyes tramitadas por el procedimiento ordinario.

Nada más hacerse cargo del Gobierno, a finales de 2011, el PP aprobó su primer decreto ley, con el que puso en marcha un primer ajuste de 15.000 millones de euros y que se convalidó en 2012.

El último fue convalidado por el pleno del Congreso el pasado martes, referido a las medidas que a lo largo del próximo año van a permitir la liberalización del transporte ferroviario en España.

Entre ambos se despliega toda la labor legislativa que ha llevado a cabo el Congreso en estos siete meses, principalmente dedicada a debatir las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno del PP para llevar a cabo sus medidas económicas y sus ajustes.

Así, a comienzos de 2012 el Ejecutivo suspendió los incentivos económicos para las nuevas plantas de energías renovables, luego le siguieron normas del mismo rango para el saneamiento del sector financiero, o la reforma laboral, si bien en este caso el decreto se tramitó como proyecto de ley después de haberse convalidado.

Para garantizar el pago de las deudas contraídas por los ayuntamientos y comunidades con los proveedores, el Gobierno recurrió igualmente a la vía del decreto ley.

Siguieron el mismo camino otras reformas legislativas, como las medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos o, en otro ámbito bien distinto, el pago de ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca.

Pero el debate de mayor calado durante este período parlamentario se produjo el pasado 19 de julio, cuando el pleno del Congreso convalidó el decreto ley con los últimos ajustes presentados por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, para reducir el déficit público.

La subida del IVA, la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios o la bajada de las prestaciones por desempleo se incluían en una norma respaldada por la mayoría absoluta del PP.

Ese mismo día, la Cámara dio también luz verde al decreto ley que incorporaba las medidas para dar liquidez a las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, convalidado, al igual que el decreto de los ajustes, sin cambios sobre el texto original.

En cuanto a los siete decretos que sí han sido enmendados por el Congreso son, además de la reforma laboral, la que regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles y el decreto ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.

Sin olvidar el referido a la simplificación de obligaciones de información y de fusiones y escisiones de sociedades de capital; el dedicado a medidas urgentes en materia de medio ambiente; el del saneamiento y venta de activos inmobiliarios y financieros y además las medidas urgentes de liberalización del comercio.