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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano y que tiene previsto empezar a funcionar el próximo 1 de junio. Ambos habían solicitado el ascenso junto con otros treinta magistrados, la mayoría de ellos también pertenecientes a este órgano. La designación obligará a Velasco a abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 un día después de que este nombramiento sea publicado en el BOE, según señala la Ley, y con ello la investigación de las causas Lezo y Púnica que aún están lejos de concluir y que afectan a corrupción cometida por cargos del PP.

La mayoría de aspirantes eran magistrados de la Audiencia Nacional, pero también se habían presentado al puesto, entre otros, el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo, informaron a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Permanente ha adoptado esta decisión por mayoría de 6 votos a 2 -los de los vocales Alvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda- y de conformidad con el informe solicitado por la propia Comisión al gabinete técnico de este órgano sobre el modo en que debía interpretado el párrafo segundo que artículo 330.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera y diez en lo penal, "prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista". En ambos casos se encontraban Velasco y López.

CONCURSO RECURRIDO POR OTROS JUECES

Se da la circunstancia de que otros aspirantes no consideran ajustados a derecho los requisitos del concurso, por lo que han recurrido el acuerdo de la convocatoria. Se trata de los también jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Angel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri, si bien su impugnación no suponía ningún retraso en la elección prevista para este miércoles.

El informe debía aclarar si en la actualidad existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal y precisar si pueden ostentar esta condición quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal.

Respecto al primero de los puntos, el Gabinete Técnico concluye que a día de hoy no existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2013, que estimó parcialmente el recurso que varias asociaciones judiciales interpusieron contra el Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno del CGPJ el 28 de abril de 2011.

En su sentencia, el alto tribunal anuló total o parcialmente varios artículos referidos a la celebración de pruebas para el reconocimiento de la condición de especialista en los órdenes civil y penal a las que pueden concurrir los miembros de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado, pero dejó vigente el punto segundo del artículo 37 del Reglamento, que establece que "para la cobertura de aquellas plazas a las que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la especialización el carácter de mérito preferente, los jueces y magistrados que hayan superado las pruebas de promoción o especialización previstas para los órdenes civil y penal tendrán la consideración de especialistas en los respectivos órdenes".

El Gabinete Técnico concluye que de la vigencia de ese artículo 37.2 se desprende que, "a los solos efectos previstos en la norma" -es decir, la cobertura de plazas en las que la especialización sea mérito preferente-, los magistrados que accedieron a esta categoría mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal "tendrán la consideración de especialistas".

Esta circunstancia solo concurre en dos de los solicitantes, Eloy Velasco y Enrique López, que de este modo obtienen las plazas a concurso "con preferencia sobre los/las peticionarios/as con mejor número de escalafón, y ello de conformidad con el informe emitido por el Gabinete Técnico de este Consejo, por el que aquellos magistrados que superaron las pruebas selectivas de civil y penal se consideran especialistas a los efectos del artículo 330.7, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial", según el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Una vez Velasco cese como juez de instrucción el CGPJ deberá convocar su plaza, que se obtiene por antig~edad, según las fuentes consultadas. Ello obligará al órgano de gobierno a convocar la misma en breve, pues la idea del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, es que la nueva sala de apelaciones comience a funcionar sin retrasos.

EL PRESIDENTE SERA ELEGIDO POR MERITO

Entre la veintena de aspirantes se encuentran una decena de jueces que ya prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes. La sala contará con dos magistrados más la Presidencia, que se convoca aparte porque dicho cargo sí será de carácter discrecional en función de lo principios de mérito y capacidad, y los candidatos tendrán que pasar por el trámite de entrevista por los vocales de la Comisión Permanente, igual que ocurre con otros altos cargos judiciales.

La creación de la nueva sala de apelaciones viene obligada por numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que advierten de la inexistencia en España de una segunda instancia penal efectiva. Par el órgano europeo la no existencia de esta segunda instancia conculca derechos fundamentales, la revisión en casación no cumple con los requisitos legales para ello, puesto que no permite una nueva revisión de las pruebas.

SEMBLANTE DE VELASCO

Eloy Velasco ha estado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 desde el año 2008 -la plaza la tiene en propiedad otro juez, Manuel García-Castellón, magistrado de enlace ante Italia desde el 23 de marzo de 2012- y por sus manos han pasado numerosos casos de terrorismo, justicia universal y corrupción, siendo éste el asunto que más fama le ha reportado últimamente.

Velasco fue quien envió a prisión al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán en la llamada 'operación Crucero' y actualmente instruye los casos Púnica y Lezo de corrupción política en la Comunidad de Madrid, que han acabado con dos exdirigentes del PP, Francisco Granados e Ignacio González, en la cárcel.

En la lucha contra el entramado de ETA, Velasco se estrenó en este Juzgado Central instruyendo la causa contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos por escribir una carta que fue leída en un acto de recibimiento en San Sebastián. También instruyó la causa contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento tras su participación en el mitin de Herri Batasuna en Anoeta en 2004.

Además, el año pasado el magistrado procesó a 48 miembros del 'frente de cárceles' de ETA, entre ellos el senador de Bildu Iñaki Goioaga. También ha instruido causas contra Resistencia Galega y grupos de corte anarquista.

En justicia universal, el juez Velasco ha investigado algunos casos notorios como el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en 1989, cuya instrucción continúa abierta.