Vox se querella contra Cristina Álvarez y Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias y prevaricación

Vox presentó este viernes ante el Juzgado de Instrucción de Madrid una querella contra la directora de Programas de la secretaría general de Presidencia de Gobierno, Cristina Álvarez; el secretario general de Presidencia de Gobierno, Francisco Martín, y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

En su escrito al Juzgado, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, se centra en la utilización “abusiva, espuria y arbitraria” por parte de Álvarez y Gómez de la secretaría general de Presidencia de Gobierno y del gabinete de Presidencia de Gobierno.

Todo se inicia a raíz de unos correos electrónicos que “demuestran que las funciones que desarrollaba Álvarez, desde su puesto en la dirección de Programas de la secretaría general de Presidencia de Gobierno, en realidad estaban dirigidas al ámbito de la actividad profesional privada de la esposa del presidente del Ejecutivo”.

Es decir, Álvarez incurriría en “una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público”, al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Gómez. Y ello “sin ser remunerada, porque su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes”.

La querella de Vox se hace extensiva también al que fuera su superior jerárquico, Francisco Martín, ex secretario general de Presidencia y actual delegado del Gobierno en Madrid.

La querella, que señala que otras esposas de presidentes de Gobierno han tenido asistentes personales, remarca que “las funciones que desempeñaban quedaban circunscritas en la ayuda para el desarrollo de la actividad vinculada a la actividad de su esposo, pero en ningún caso, para el mejor desarrollo de la actividad profesional en los casos en las que la mantuvieron”.

SUELDO

Desde Vox, explican que es por ello que Gómez está incluida en la querella, pues “se habría valido de una persona que ostenta una relación laboral o funcionarial con la Administración General del Estado, y cuyo puesto de trabajo es sufragado con recursos públicos, de manera que las funciones reales que desarrollaba eran las propias de los negocios privados de Gómez, y no las funciones para las que estaba designada Álvarez”.

En cuanto a Francisco Martín, Vox señala que, si Álvarez estaba realizando su actuación profesional en un ámbito ajeno a sus competencias, “es del todo imposible que esta lo hiciera sin el conocimiento y beneplácito de sus responsables directos”.

DILIGENCIAS

Por ello, la formación solicita al Juzgado de Instrucción que tome declaración, en calidad de investigados, a los tres querellados y pide las testificales de la directora de Comunicación Institucional de Reale Seguros, Pilar Suárez, con quien Álvarez “cruzó correos electrónicos enviados desde su dirección profesional dependiente de la Administración General del Estado”.

Asimismo, pide las testificales de la adscrita al área comercial de la dirección de Ferias de Público y Evento de Ifema, Sylvia Moyano, con quien Álvarez “cruzó correos electrónicos también para un evento en 2021, interesado por la mujer del presidente”.

Castro solicita también la declaración como testigo del director de Personas y Transformación de Reale Seguros, Renzo Liaj; el administrador de Sanza Correduría de Seguros, David Sanza; la trabajadora de Ifema Arantza Zeberio; el CEO de Indra, Marc Murtra; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; la directora general de Sostenibilidad de Endesa, María Malaxechevarría; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la coordinadora de la cátedra extraordinaria TSC de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Blanca María de Juan, y el vicerrector de relaciones institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, a quien solicita Vox que se le pida que aporte los WhatsApp y correos que hubiera intercambiado con Álvarez.

Entre las diligencias, se solicita que se oficie a la Seguridad Social para que remita certificado sobre la vida laboral de Cristina Álvarez y a la Agencia Tributaria para que remita las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes a los ejercicios 2018 hasta 2024.

Por último, Castro pide que se libre oficio al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para que remita testimonio de la correlación de correos electrónicos invocados en el marco de la querella presentada.