Zapatero y Rajoy llevan directamente la reforma constitucional, intercambiando documentos

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, están llevando directamente la negociación para alcanzar un acuerdo en torno a la proposición de ley de reforma de la Constitución para incluir un límite de déficit, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Zapatero y Rajoy han estado hablando estos días sobre este tema, especialmente durante este jueves, y en esta jornada han intercambiado documentos, han indicado las mismas fuentes consultadas, que han subrayado que la negociación "avanza", sin que hayan surgido "serias discrepancias".

Sin embargo, desde las filas del PP no se ha querido revelar el contenido de los textos que se están cruzando apelando a la "lealtad" hacia los negociadores. Sí que destacan que la negociación "avanza", que no se han producido "serias discrepancias" y que hay "sintonía" desde el primer momento.

Las mismas fuentes no han querido valorar la propuesta que ha hecho pública el entorno del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que la reforma de la Carta Magna para limitar el déficit no incluya cifras concretas, sino que éstas se reflejen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se está negociando paralelamente a la reforma constitucional.

Ante esta propuesta de Rubalcaba, desde el PP se recuerda que son Zapatero y Rajoy los que están "hablando personal y directamente" sobre este tema e intercambiando los documentos y atribuyen la iniciativa del candidato socialista a un intento de querer salvar su posición en este tema.

CONVERSACIONES CON CiU

El Partido Popular quiere sumar a más grupos parlamentarios al consenso y con este objetivo el presidente del PP conversó el pasado martes con el portavoz parlamentario de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida.

También la dirección del Grupo Popular que preside Soraya Sáenz de Santamaría estuvo en contacto este miércoles con Duran para informarle del contenido de las negociaciones, aseguran las mismas fuentes consultadas.

Durante el debate que se celebró el pasado martes en el Pleno del Congreso, el portavoz de los nacionalistas catalanes afirmó que no se oponía al espíritu de esta reforma constitucional pero que quería conocer la letra.

Por su parte, el candidato del PSOE para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere que en la reforma de la Constitución para introducir una disciplina de déficit y deuda no figure ninguna cifra, sino que ese aspecto sea desarrollado en una ley orgánica posterior.

Fuentes de la dirección del PSOE han explicado a Efe que esa es la propuesta que Rubalcaba ha trasladado al grupo parlamentario socialista, con cuyo portavoz, José Antonio Alonso, está en contacto desde ayer, para la negociación con el PP.

La idea del candidato socialista es que en la reforma constitucional no figure ninguna cifra sobre el límite de déficit y que ese punto se desarrolle posteriormente en una ley orgánica, menos rígidas que la Carta Magna.

También aspira a que esta reforma no se pacte sólo con el PP, sino que se amplíe al mayor número de fuerzas parlamentarias posibles, con CiU a la cabeza.

Después del malestar que la "reforma exprés" había causado en las propias filas socialistas, Rubalcaba decidió ayer asumir las riendas de la negociación y lo hizo con los objetivos de garantizar una cierta flexibilidad y el mayor consenso posible.

Así, Rubalcaba pretende asegurarse de que "la letra pequeña" de la reforma constitucional garantiza una flexibilidad suficiente como para que el gobierno de turno tenga margen de maniobra ante hipotéticas situaciones de emergencia, en las que podría ser necesario no mantener un déficit cero.

Su aprobación en esta legislatura obliga a agilizar al máximo los trámites parlamentarios, de manera que ya se han anunciado plenos extraordinarios para la próxima semana en el Congreso con el fin de dar luz verde a la iniciativa.

Numerosos diputados socialistas habían expresado sus dudas ante esa premura y ante la conveniencia de fijar constitucionalmente un techo de déficit.