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Estos son los puntos de acuerdos de Gobierno de Sánchez e Iglesias
- PSOE y Podemos pactan subir el IRPF a las rentas altas, derogar la reforma laboral, regular el alquiler de vivienda y sustituir la 'Ley Mordaza'
- Texto íntegro del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos
PSOE y Unidas Podemos han presentado el acuerdo programático de Gobierno que se recoge en el documento titulado Coalición progresista. Un nuevo acuerdo por España.
Un acuerdo que han firmado en el Congreso de los Diputados el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias.
Derogación de la reforma laboral
El PSOE y Unidas Podemos han acordado derogar la reforma laboral del PP y recuperar los "derechos laborales arrebatados" por ese proyecto de los populares de 2012, el cual va un paso más allá del preacuerdo del 12 de noviembre en el que las partes se comprometían a derogar los "aspectos más lesivos" de esa reforma.
Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter "urgente" aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Nuevo Estatuto de Trabajadores
Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
Salario Mínimo
PSOE y Unidas Podsermos se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
De esta forma, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI.
Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Subida del IRPF a las rentas altas
Respecto a la fiscalidad, el PSOE y Unidas Podemos acuerdan subir el IRPF en dos puntos a las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las que excedan los 300.000. También abogan por estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema más "justo y progresivo".
PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".
También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales (Tasa Google) y a las transacciones financieras (Tasa Tobin), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes.
Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las socimis, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Reforma de la Seguridad Social e Ingreso Mínimo Vital
está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. También se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para la asignación de ayudas.
Modelo autonómico
Ambas formaciones, que no hacen mención al federalismo, acuerdan mantener el modelo autonómico y para ello apuestan por "una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de autonomía", ya que opinan que dicha configuración "ha demostrado ser el mejor sistema para garantizar la unidad y la diversidad".
Además, persiguen mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación institucional entre el Estado y las autonomías, de manera que estas puedan participar en los "procesos de toma de decisión estatales".Entre la batería de medidas económicas, PSOE y Unidas Podemos pactan impulsar en el marco del diálogo social la protección de los trabajadores y recuperar el papel de los convenios colectivos, y avanzan que derogarán la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
Pensiones
El texto también se compromete a actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante una ley y de forma permanente y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.
Se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Indice de Revalorización de las Pensiones.
Pobreza energética y copago sanitario
Respecto a la agenda social, el PSOE y Unidas Podemos protegerán al cien por cien a las familias vulnerables en situación de pobreza energética y procederán a la eliminación progresiva de los copagos sanitarios introducidos en 2012,
Becas
El acuerdo incrementará los recursos públicos a educación y becas, garantizará la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria la asignatura de religión será de carácter voluntario sin que haya asignatura alternativa y la nota no computará a efectos académicos y se regularán los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía.
Autónomos
Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo "atractivo" para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.
Alquiler de vivienda
El documento incide en frenar las subidas abusivas del alquiler y da potestad a los ayuntamientos y comunidades para que regulen estos incrementos en caso de producirse. Esta medida era una de las reivindicaciones más emblemáticas de Unidas Podemos.
El pacto contempla el impulso de las medidas normativas necesarias para “poner techo” a las subidas “abusivas" de los precios de alquiler en determinadas zonas de algunas ciudades que sean declaradas como de “mercado tensionado”.
Para ello, el nuevo Gobierno habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
En función de estos índices, los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable.
Con ello, el objetivo de estos índices de referencia es que los ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
Sustitución de a 'Ley Mordaza'
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos aprobará "a la mayor brevedad" una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la llamada por ellos 'Ley Mordaza' y eliminará el artículo 315.3 del Código Penal, que establece delitos de cárcel para los integrantes de piquetes en huelgas.
Promete que esa nueva ley de seguridad va a "garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", y "priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía". Desde esa base, "regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal".
En el mismo apartado, el acuerdo de programa de Gobierno incluye sus propuestas de reforma del sistema electoral: eliminar el voto rogado, imponer listas cremallera e intentar "conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema".
Además, "en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados", se abrirá "el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años", una habitual reivindicación de Unidas Podemos.
Vehículo eléctrico
El Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos pondrá en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulsado con energías alternativas, así como medidas orientadas a promover la instalación de puntos de recarga de estos vehículos en las ciudades.
Además, PSOE y Unidas Podemos elaborarán también una Ley de Movilidad Sostenible y pondrán en marcha medidas de financiación del transporte público, con especial interés en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades.
Otras medidas recogidas en el plan de movilidad sostenible son el Programa de Acción 2019-2022 para la mejora de la eficiencia de la sostenibilidad de la cadena logística, la revisión del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad, la promoción de inversiones productivas y sostenibles en los puertos, el impulso del Plan de Cercanías 2019-2025 y la aplicación de tecnologías de telecomunicación e información y el Internet de las Cosas para mejorar la interconectividad y la intermodalidad.
La asignatura de religión sea voluntaria y no cuente para la nota
La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
La relacionada con la asignatura de religión es una de las más diez medidas relativas a la educación y entre las que destacan también que se promoverá "la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".
En este sentido, PSOE y Unidas Podemos han acordado que se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo.