Las administraciones publicarán en octubre sus plazos de pago a proveedores

Todas las administraciones públicas de España deberán haber publicado en el mes de octubre en términos homogéneos cuáles son sus plazos medios de pago a proveedores (26,8 días de media en el primer trimestre de 2014) y si incumplen la Ley de Morosidad se enfrentarán a una posible intervención del Gobierno.

Así, en el caso de que una comunidad autónoma o ayuntamiento tenga dificultades y se detecte que no esté cumpliendo los compromisos que marca la ley, el Ministerio de Hacienda podrá pagar las facturas y se lo restará en la financiación correspondiente, ha explicado su titular, Cristóbal Montoro.

Ha ofrecido estos datos tras el Consejo de Ministros en el que se han aprobado dos reales decretos: uno con la publicación de los periodos medios de pago de las administraciones y otro de creación de una central de información económica-financiera de todas las administraciones.

Montoro ha defendido que se trata de un "avance en la transparencia" y ha explicado que todos los proveedores de las administraciones públicas deben conocer si cada una está reduciendo los plazos hasta el ámbito que marca la Ley de Morosidad.

En caso de incumplimiento, el Gobierno puede intervenir en su cuota correspondiente de sus sistemas de financiación autonómica y local, con lo que se garantiza a los proveedores que cobran y que lo hacen en tiempo. Montoro ha recordado que en el primer trimestre de 2014 se está pagando a los proveedores en 26,8 días de media, frente al primer trimestre de 2012, cuando el periodo medio era de 41,7 días.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado estos decretos como un "elemento más contra la dinámica de las facturas en el cajón". "Va a permitir sin duda mejorar los pagos y con ello la competitividad de la economía y reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que facilitará la recuperación del crecimiento y mejorará la confianza del conjunto de las administraciones", ha dicho.

El decreto que para desarrollar la metodología de cálculo del período medio de pago a los proveedores por parte de las administraciones públicas da cumplimiento al mandato de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera e implementa una de las propuestas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

El decreto regula también la retención de recursos cuando la Administración General del Estado se haga cargo directamente del pago si se incumple reiteradamente el plazo máximo. El período medio de pago definido en el real decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, sin perjuicio del periodo legal de pago establecido.

El cálculo del periodo medio de pagos se fundamentará principalmente en la información que obre en el registro contable de facturas creado tras la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.