El alcalde de Valladolid no podrá optar a la reelección al ser condenado por desobediencia

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, ha sido condenado por delito de desobediencia al haber demorado durante casi un lustro la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla, inmueble donde cuenta con un piso y en el que se habían cometido distintas irregularidades urbanísticas, según informaron fuentes jurídicas.

El fallo de la jueza Evelia Marcos Arroyo llega una vez celebrados los comicios y, aunque ya León de la Riva no podrá revalidar su puesto de alcalde, al haber perdido la mayoría absoluta y facilitar un tripartito entre PSOE, VTLP y Sí Podemos, también le impide incluso conservar su acta de concejal al frente del principal grupo de la oposición, como así solicitaban el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado', partidarios de su inhabilitación para el desempeño de cargo público por quince y veinticuatro meses, respectivamente, y del pago de multas, por el mismo orden, de 3.000 y 63.000 euros.

El juicio se celebró el pasado día 27 de abril en medio de una gran expectación, con presencia de más de medio centenar de medios de comunicación y en el que el alcalde contó con el respaldo de la mayor parte de los integrantes de su candidatura, que incluso a punto estuvieron de ser expulsados de la sala tras ser advertidos por la jueza de que se abstuvieran de hacer gestos de desaprobación pese a no gustarles el cariz que estaba tomando el interrogatorio al que era sometido su líder.

¿PROBLEMAS TECNICOS O DESOBEDIENCIA DOLOSA?

El proceso judicial tenía por objeto dilucidar si el alcalde desobedeció de forma dolosa y contumaz una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de abril de 2008, que adquirió firmeza del 16 de septiembre de ese año, o bien la tardanza en dar cumplimiento a la misma, lo que no ocurrió hasta abril de 2013, fue por problemas estrictamente técnicos a la hora de ejecutarla derivados de un inmueble cuya construcción se remonta a 1946 y cuyos planos no reproducían de forma fidedigna su estructura.

De hecho, el regidor recordó que en su día ya advirtió al juez instructor de la causa la disyuntiva que se le planteaba entre ejecutar la sentencia del TSJCyL, que exigía la demolición de un forjado, y seguir el dictamen de una empresa que aseguraba que dicha estructura pertenecía al inmueble original. "Si no cumplía la orden judicial cometía desobediencia y si la ejecutaba podían imputarme por delito contra el Patrimonio", aseveró.

Lo cierto es que a partir de la sentencia del TSJCyL, que anulaba el proyecto de rehabilitación del inmueble y las licencias de obra y primera ocupación, fueron necesarios hasta seis requerimientos al alcalde, cuatro de ellos bajo su directa y personal responsabilidad, una denuncia penal de la Fiscalía en 2012 y la aprobación de distintos proyectos--el tribunal anuló algunos por no ajustarse a lo solicitado--para que finalmente quedara restituida la legalidad en el edificio.

Entre otras exigencias, se trataba de subsanar la ilegalidad cometida al transformar en áticos dos trasteros o carboneras, así como por haber excedido la volumetría en algunos pisos y en otros, situados en la cuarta y quinta plantas, por haberlos reconvertido en oficinas, con el añadido de que la orden dada al alcalde para que cesara el uso de los áticos y de las oficinas 'pirata' no se cumplió en el primer caso hasta el 28 de septiembre de 2010, dos años y cuatro meses después, y en el segundo hasta el 6 de junio de 2012, con un retraso de cuatro años y dos meses respecto del mandato judicial.

En su alegato exculpatorio, el alcalde ha insistido en que era perfectamente conocedor de la sentencia y que dio las órdenes necesarias, tanto a su concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, como a sus técnicos para cumplirla a la mayor brevedad. "Lo que no podía hacer es ponerme el casco, tirar de piqueta y subirme a la obra", advirtió con ironía el regidor, que también añadió que cada lunes se reunía con su equipo de gobierno e interpelaba a su edil delegada en la materia cada vez que notaba un retraso en las obras que exigía el tribunal.

León de la Riva mantuvo igualmente que tenía especial interés en que las obras se desarrollaran con celeridad. "La persona más interesada en que se cumpliera la sentencia era el vecino del séptimo", en alusión a él mismo, tras recordar que los trabajos ejecutados en los áticos, sobre su vivienda, provocaron hasta tres inundaciones que le obligaron a trasladarse momentáneamente a otra casa de su propiedad en el Camino Viejo de Simancas.

DE LA RIVA DEFIENDE SU INOCENCIA Y RECURRIRÁ LA SENTENCIA

El alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha defendido hoy su absoluta inocencia y ha anunciado que recurrirá el fallo que le condena por un delito de desobediencia judicial por incumplir una sentencia y que supone, según fuentes jurídicas, su inhabilitación inmediata para ocupar cargo público.En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, con el respaldo de parte de su actual equipo municipal, León de la Riva, de 69 años y que lleva 20 al frente de la alcaldía, ha afirmado que está "disconforme con la sentencia" que le condena a 13 meses de "inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal", aunque la "acata" y la recurrirá ante la Audiencia provincial en el plazo de diez días que tiene.

La sentencia, que también incluye una multa de 12.810 euros, "no le obliga a nada", a su juicio, ya que "sólo le afectaba a su elegibilidad para cargo público" por lo que prevé seguir como alcalde en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento, el próximo 13 de junio.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que, según la ley electoral, la inhabilitación para empleo y cargo público se traduce en "ilegibilidad" para ser candidato, o "incompatibilidad" en el caso de haber sido elegido.La interpretación surge en cómo afecta esa incompatibilidad a la figura del "alcalde en funciones", ya que según las fuentes consultadas por Efe se abrirían dos escenarios.

El primero sería el de la inhabilitación inmediata con la convocatoria de un pleno para elegir a otro alcalde en funciones hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento, independientemente del recurso que ya ha anunciado.

En el segundo caso, en la línea que esgrime la defensa del regidor, habría que esperar a la constitución del Ayuntamiento para que esa inhabilitación fuera efectiva, lo que supondría que De la Riva seguiría como alcalde en funciones hasta el 13 de junio.