El referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre cumple un año este lunes habiendo derivado en causas judiciales abiertas en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista, en la Audiencia Nacional con la excúpula de la Conselleria de Interior y los Mossos d'Esquadra, y en juzgados catalanes contra los impulsores de la logística, mossos, alcaldes y agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas.
En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, mientras que solo por rebelión: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la 'número dos' de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Êmnium, Jordi Cuixart.
También han sido procesados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, mientras que se les atribuye desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y a las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.
El juicio en el Alto Tribunal se prevé que se celebre en el mes de enero, justo después de las fiestas navideñas, aunque se deja en una pieza separada a los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) por lo que no se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba y en el caso de regresar serán detenidos y juzgados.
Tras el juicio en el Supremo se prevé que se celebre en la Audiencia Nacional el juicio al exsecretario general de la Conselleria de Interior César Puig, al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler, al exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero y la intendenta Teresa Laplana, por delitos de sedición y en el caso de los tres primeros también por organización criminal.
El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una investigación contra una cincuentena de personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat, por su presunta vinculación con la logística para permitir celebrar el referéndum del 1-O.
El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga a 24 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el operativo policial del 1-O en varios colegios de Barcelona que ejercieron de punto de votación, y hay investigados cuatro de los ocho inspectores jefe que ese día dirigieron el operativo.
Asimismo, hay numerosos procedimientos abiertos en otros juzgados catalanes contra agentes y mandos locales de Mossos por desobediencia, contra ciudadanos por resistencia a la autoridad y otros delitos e investigaciones abiertas por Fiscalía contra alcaldes que supuestamente colaboraron con el referéndum.
