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Las cuatro asociaciones judiciales se han puesto de acuerdo para emitir un comunicado en el que aseguran que todas están de acuerdo en que se debe reformar la ley para que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y piden que se mantenga a los jueces fuera de la lucha partidista.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente ha hecho público este lunes un comunicado conjunto con el que pretenden dar respuesta a las declaraciones de los dirigentes políticos.

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Las asociaciones se desmarcan de cualquier partido e insisten en que su objetivo es defender la carrera judicial y alejarse del debate político sobre la renovación del CGPJ “con fines exclusivamente partidistas”.

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La nota sale así al paso de las afirmaciones realizadas por el consejero madrileño de Justicia y responsable de esta área del PP, Enrique López, quien dijo en una entrevista concedida a ‘La Razón’ que “el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial.

“Todas las asociaciones judiciales estamos de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ, para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial”, aseguran.

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Destacan, además, en afirmar que “estado de interinidad” en que se encuentra actualmente el CGPJ, cuyo mandato está caducado desde hace más de 1.000 días, “constituye una grave anomalía institucional que debe ser corregida”.

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Admiten que hay discrepancias entre las asociaciones judiciales, pero no sobre el modelo de elección por los jueces sino sobre la conveniencia de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales con carácter inmediato o más adelante. “Esta discrepancia, por importante que sea, es completamente ajena a las diferencias que existen entre las formaciones políticas a propósito de esta cuestión”, advierten.“Esas discrepancias entre asociaciones no han impedido que todas hayamos seguido trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses comunes de la carrera judicial, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y en, particular, de la independencia judicial”, insiste el comunicado, en un intento por evitar que sus postulados se asemejan a reclamaciones de uno u otro partido político. Los jueces españoles nos mantenemos ajenos a las disputas políticas. El compromiso de las asociaciones judiciales es trabajar para que ello siga siendo así en el futuro”, finaliza el comunicado.

Hasta ahora, Juezas y Jueces para la Democracia sostienen que hay que proceder a la renovación pendiente y después abordar la reforma del modelo de elección, mientras que las otras tres asociaciones considera esa reforma legislativa debe abordarse de inmediato.

Además se ha sabido que el Poder Judicial ya ha cursado la invitación al Rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.

Fuentes del Poder Judicial, consultadas por Europa Press, confirman que este 2021, como es tradición, se ha cursado esa invitación a la Casa del Rey, si bien apuntan que hasta el momento no se ha decidido cuándo tendrá lugar esa entrega de despachos.

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En caso de que el Rey Felipe VI acepte, la normalidad regresaría a este evento después de que en 2020 no presidiera por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Entonces, la Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial su decisión de no asistir, tras haber aceptado la invitación previamente.

Debido a esta nada habitual ausencia, en 2020 las asociaciones de jueces pidieron explicaciones tanto al Gobierno como al Consejo General del Poder Judicial. De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demandó en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no iba a asistir, ya que según varios medios de comunicación el origen estaba en que el Gobierno había "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad".