La juez cifra en 887 las ayudas "arbitrarias" para amigos y miembros del PSOE

La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, al que ha tenido acceso Efe, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.

Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado a Efe fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2.30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya desvelado todavía".

"Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.

Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía "acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

CHAVES RECHAZA LAS ACUSACIONES DE GUERRERO

El diputado socialista y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha rechazado este sábado las acusaciones del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, aseverando que "nunca amparamos ni conocemos ni, lógicamente, cometemos ilegalidades".

Así lo ha destacado en Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra), en la provincia de Jaén, antes de participar en la Fiesta de la Rosa de la Sierra de Segura y a preguntas de los periodistas sobre el ingreso en prisión de Guerrero tras declarar ante la juez Mercedes Alaya, a quien dijo que tanto Chaves como Mar Moreno y José Antonio Viera conocían lo que hacía en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.

Al respecto, Chaves ha suscrito las declaraciones hechas esta misma jornada por su sucesor en el Gobierno autonómico, José Antonio Griñán, cuyas palabras han sido "muy sensatas y muy justas sobre lo que ha ocurrido", además de "respetar, como siempre, las decisiones judiciales".

En cualquier caso, ha subrayado que la Junta y el Partido Socialista siempre han colaborado "para que se esclarezca este tema, para que sea transparente y todos los que han cometido una irregularidad o una ilegalidad o han cometido un delito lo paguen". Por tanto, si el señor Guerrero ha cometido presuntamente un delito, que lo pague", ha explicado el expresidente, quien ha recordado que fue el Gobierno andaluz el que "puso en manos de un juez este caso"

Así las cosas, y preguntado por si niega las acusaciones del exdirector general de Trabajo, ha incidido: "Por supuesto, por supuesto. Nosotros nunca amparamos ni conocemos ni, lógicamente, cometemos ilegalidades".

Con respecto a la posible incidencia del caso de los posibles ERE fraudulentos pueda tener en las elecciones autonómicas, Chaves ha afirmado no saber cuál será. En este sentido, ha resaltado que han hecho "todo lo posible para que se esclarezca el tema", aunque deben ser los ciudadanos los que se pronuncien.

"Creo que hay elementos en todo lo que ha ocurrido en Andalucía en estos años, con la modernización, para que los ciudadanos lo tengan en cuenta. Pero es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos", ha concluido.