El bipartito formado por PSOE e IU ha cumplido su primer año de legislatura al frente del Gobierno andaluz como abanderado de la "resistencia" de izquierdas ante las medidas del Gobierno central, con iniciativas de gran calado social que buscan luchar por otro camino contra la exclusión y los desahucios.
Con varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante las leyes del Gobierno, los dirigentes andaluces señalan en el mapa a la comunidad como un punto de "lucha" para buscar otra salida a la crisis, aunque en palabras del PP andaluz sólo se trata de buscar la confrontación para obtener un rédito político.
Un año de pelea contra la austeridad y sin apoyo del Gobierno central, según la Junta; un año "perdido" y vacío de las reformas necesarias para mejorar la situación, según el PP.
Desde el inicio de la legislatura, el objetivo de déficit para 2012 fue el principal campo de batalla de los dirigentes andaluces, que siempre han reclamado un reparto más "justo" para las comunidades y cuyo límite -1,5 por ciento del PIB- superaron hasta cerrar el ejercicio con un 2,02 por ciento.
El sello de IU, incluido en el pacto que cerraron ambas formaciones de izquierdas para diluir la mayoría de escaños que logró el PP en las últimas elecciones autonómicas, no ha pasado desapercibido en un Ejecutivo que pasa a la "ofensiva".
Como mayor referente de esa política social se presenta el decreto de vivienda aprobado recientemente, que permite expropiar temporalmente viviendas a los bancos, y que ha supuesto la oposición del Gobierno, que quiere una solución conjunta en el país, y las dudas de la Comisión Europea sobre su compatibilidad con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera.
A pesar de ello, no será el último paso de la Junta para luchar por otras vías contra la exclusión, ya lo dijo tras su aprobación el presidente andaluz, José Antonio Griñán, que nunca ha dudado en criticar la política económica actual y al que incluso ahora le entran dudas sobre si Europa "merece la pena" si no da luz verde a esta norma.
De hecho, otro decreto, contra la exclusión social, ha sido aprobado para "impugnar el orden establecido" y luchar contra las desigualdades, aunque para los populares está "lleno de trampas" y busca "el titular" por encima de la eficacia.
Con una comunidad a la cabeza de España y Europa en paro, con una tasa que supera ya el 36 por ciento, el Ejecutivo andaluz anda con el lastre del desempleo, que cada vez pesa más, y con la sombra de los ERE irregulares, que se hace más amplia.
Las responsabilidades políticas quedaron vacías tras el fracaso de la comisión de investigación desarrollada en el Parlamento, que se cerró sin conclusiones finales por la negativa de los partidos a ceder terreno en sus peticiones y que tiró a la basura meses de trabajo, horas y horas de declaraciones.
Posteriormente la Junta por primera vez ha reconocido la responsabilidad política de los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, donde parece que ahora buscan poner el límite.
Fue la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien habló de ellos, la misma que es señalada por el PP como responsable junto a Griñán y al expresidente Manuel Chaves, y a la que IU pedía la dimisión antes de integrarse en el equipo de gobierno.
El fraude ha centrado, como en los últimos años, los debates en el Parlamento, que casi siempre dejan de lado el tema previsto para ahondar en él, con los populares andaluces pidiendo sin éxito responsabilidades políticas y con el PSOE achacando al líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que solo base en ello su oposición.
Para consensuar medidas, Griñán lanzó el guante y propuso un Pacto por Andalucía entre partidos, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales que permitiera buscar una solución conjunta a la situación de la sociedad, aunque meses después y varias reuniones por medio, hay más palabras que medidas concretas.
Reducir la tasa de paro e intentar que no "caigan" en la exclusión más familias se presentan ahora como principales retos del bipartito de izquierda, "de perdedores" para el PP, que seguirá reclamándoles reformas y más reformas.
CONTRA EUROPA POR CUESTIONAR LAS EXPROPIACIONES
La Junta de Andalucía se ha revuelto contra la Comisión Europea (CE) por cuestionar su decisión de expropiar por decreto viviendas a los bancos e interpelar por este motivo al Gobierno español.
En Andalucía ha "escocido" la decisión de la CE de poner en cuestión esta práctica, que abre la puerta a la expropiación para evitar las ejecuciones hipotecarias, ya que puede ser incompatible con los compromisos adquiridos por España para recibir ayuda financiera europea.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), encendió la mecha al declarar que, si es así, entonces "Europa no merece la pena".
El portavoz de Infraestructuras del PP en el parlamento autonómico andaluza, Jaime Raynaud, le ha recriminado a Griñán su "euroescepticismo".
Griñán "insulta con una mano y con la otra le pide (a la CE) ayuda para pagar las facturas pendientes. Ahora dice que Europa no merece la pena, pero ¿qué sería de Andalucía si no hubieran llegado fondos europeos, miles de millones?", consideró Raynad.
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), ha puesto en duda el contenido de la carta de la Comisión Europea pidiendo información, ha dicho que de esta misiva "no se ha visto ni la firma" y ha cuestionado que Bruselas vaya contra un "decreto tan potente que casi se aprobó por unanimidad" en el Parlamento andaluz, donde contó con la abstención del PP.
La consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), ha defendido la constitucionalidad del decreto sobre la función social de la vivienda ante las dudas de Bruselas sobre su compatibilidad con los compromisos adquiridos por España para recibir ayuda financiera europea.
La Comisión remitió una carta al Gobierno pidiendo más detalles sobre los planes de Andalucía y otras comunidades autónomas para expropiar temporalmente pisos a la banca.
La polémica se ha desatado horas después de que el Parlamento andaluz convalidara, con los votos del PSOE e IU y la abstención del PP, el decreto sobre la función social de la vivienda, que establece la posibilidad de expropiaciones temporales para las casas de las familias afectadas por desahucios.
El decreto se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que posibilitará la presentación y, en su caso, incorporación de enmiendas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a las comunidades autónomas "lealtad institucional" y trabajo conjunto para frenar el problema de los desahucios, ante el temor de que el decreto andaluz sea respaldado por otras comunidades.
El Banco de España ha cifrado en 39.167 las entregas de viviendas que se registraron en 2012, unas entregas que son resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria, según los datos de una encuesta a entidades bancarias hecha pública por el Banco de España, que revela que en el 83 % de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual.
