El Estado nacionalizará las entidades financieras que no devuelvan en un plazo de cinco años las ayudas articuladas a través de bonos convertibles, los conocidos como 'cocos', destinadas a 'limpiar' sus balances de activos inmobiliarios.
Así lo concreta el real decreto ley que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se exige a la banca un saneamiento adicional de 30.000 millones de euros por su crédito no problemático ligado al 'ladrillo'.
Transcurrido este plazo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a través del que el Estado suscribe los 'cocos', dispondrá de un máximo de seis meses para ejecutar lo que en la práctica supondría la nacionalización de la entidad.
De todas formas, la norma faculta al Banco de España a proceder a la conversión de acciones con anterioridad a esos cinco años si considera "improbable" que un determinado banco pueda afrontar el pago de esta ayuda.
Y si la entidad incumple con la devolución de la ayuda, el organismo regulador podrá además sustituir de forma provisional los órganos de administración o dirección de la entidad, lo que acabaría suponiendo su intervención.
La banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago.
Estas exigencias se suman a las provisiones de alrededor 54.000 millones por el crédito ya problemático, con lo que la cobertura total del riesgo inmobiliario se eleva al 45%.
En concreto, se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones Ahora bien, el BOE apunta que el Banco de España podrá modificar dichas coberturas a partir del 31 de diciembre de este año.
INFRACCIONES "GRAVES" POR INCUMPLIMIENTO
En el marco de esta nueva fase de la reforma financiera el Ejecutivo obligará a la banca a separar sus activos vinculados al 'ladrillo' en sociedades independientes antes del próximo 31 de diciembre.
El Gobierno advierte en el BOE de que si la banca incumple algunas de estas medidas obligatorias, se considerará una infracción "grave o muy grave".
