El caso Marea se cierra con penas de más 40 años para los acusados

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a 40 años y 3 meses de prisión a 8 de los 13 acusados en el caso Marea, entre ellos el exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a los que ha impuesto 6 y nueve años y medio años de cárcel, respectivamente. La sentencia, cuyo contenido íntegro se entregará a las partes el próximo jueves debido a su volumen, también condena a la exfuncionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales forman el acrónimo que dio nombre a la investigación, a 9 años de prisión por la trama de adjudicación irregular de contratos a empresas.

La Audiencia ha considerado que Riopedre -de 77 años y responsable de la Consejería de Educación en los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces- y Otero son culpables de los delitos de prevaricación en concurso con falsedad documental y fraude a la administración, así como de cohecho.

A Renedo, cuyas irregularidades dieron inicio a la investigación en 2010, se la condena por los delitos de falsificación en documento oficial en concurso medial con prevaricación y malversación de caudales públicos, así como del de cohecho. Además, los cuatro empresarios juzgados en el "caso Marea", la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado, han sido condenados a un total de 15,9 años de prisión.

La mayor pena impuesta a estos empresarios corresponde a los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que deberán cumplir cada uno seis años y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial en concurso medial con malversación de caudales públicos y de cohecho.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también impone penas de un año y nueve meses de cárcel para Maximimo Fernández, de Asac Comunicaciones, y de un año para José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

La Audiencia también considera culpable a un funcionario de Mieres contra el que la Fiscalía no había presentado acusación aunque sólo le impone una multa de 1.800 euros por cohecho, mientras que absuelve a los otros cinco procesados, también trabajadores de otros ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo.

Además de las penas de prisión, el fallo impone a los acusados multas por un valor total de casi 6,8 millones de euros.

Las de mayor cuantía les han sido impuestas a María Jesús Otero, 2,5 millones de euros, y a los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz, 1,9 y 1,5 millones, respectivamente, mientras que el exconsejero deberá pagar 400.000 euros y la ex funcionaria Renedo 480.000 euros.

El fallo judicial por el caso Marea se ha conocido trece meses después de que finalizara la vista oral -que contó con casi cuarenta sesiones y la declaración de más de un centenar de testigos- y transcurridos más de siete años y medio de la denuncia que originó la investigación.

Las primeras irregularidades se detectaron a principios de 2010 en la adjudicación de contratos por parte de Renedo, que fue detenida en enero de 2011 junto Iglesias Riopedre, que dimitió cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud.

Al margen de los posibles recursos ante el Tribunal Supremo avanzados ya por algunas de las defensas, los letrados de Riopedre y Otero asumieron durante el juicio que sus clientes fueron imprudentes, pero sin llevarse un euro ilícito, en el caso del primero, y sin cometer malversación, en el caso de la segunda, por lo que pidieron su absolución.

El juicio dio lugar además a la apertura de una nueva causa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía después de que el Principado remitiera un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez.