Una comisión rectora se hará cargo de la SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido abrir una investigación interna para comprobar el posible desvío de fondos en la entidad y crear una Comisión Rectora que asumirá todas las funciones de su Consejo Directivo, tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz,

Miembros de la Junta Directiva de la SGAE han comparecido ante la prensa y han expresado su solidaridad con el presidente de la entidad, Teddy Bautista, según ha señalado Víctor Manuel.

Teddy Bautista quedará a disposición de la nueva comisión rectora de la Sociedad General de Autores y Editores, por lo que sigue provisionalmente hasta el 12 de julio como presidente del consejo de dirección de la SGAE, han anunciado hoy cinco miembros de la nueva Junta Directiva.

La cúpula directiva entrante de la SGAE, representada por Víctor Manuel, Ernesto Caballero, Sabino Méndez, Juan Ignacio Alonso y Caco Senante, ha anunciado que esta comisión estará dirigida por una persona externa, independiente y de reconocido prestigio.

La comisión abrirá una investigación interna sobre las presuntas irregularidades investigadas por la Audiencia Nacional.

Estará formada además por cuatro autores y un editor, elegidos por la Junta Directiva, y asumirá todas las funciones de su Consejo de Dirección.

Por el momento, ha explicado Víctor Manuel, queda en suspenso cualquier nombramiento, por lo que Teddy Bautista no podrá ejercer de facto sus labores de presidente.

La Junta Directiva ha reconocido que sí tiene poder para destituir a Bautista, pero ha preferido quedar sujeta a los resultados de esta investigación interna.

Sin embargo, el que sí ha sido destituido es el director de la filial digital de SGAE (SDAE), José Neri, que será apartado de sus funciones, ha anunciado Víctor Manuel.

Además, se aplaza la designación de un nuevo Consejo, que debía formarse en la primera reunión de la nueva Junta Directiva, prevista para el día 12.

Los miembros de la Junta han querido expresar su "solidaridad con las personas y familias del presidente y de los directivos que han sido puestos en libertad, sin medidas preventivas",

Y han reiterado su confianza en la inocencia de Bautista y de los otros directivos de la SGAE implicados en la Operación Saga, y han insistido en que estrecharán la colaboración con la Justicia.

Bautista fue señalado ayer en el auto redactado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como una de las presuntas piezas de la trama empresarial "parasitaria" que ha salpicado a la SGAE, al haber presuntamente "autorizado, consentido y también impulsado" un desvío de fondos ideado por José Neri, director de la SDAE, la filial digital de la entidad gestora de derechos de autor.

En cuanto a la posibilidad de repetir las elecciones de la SGAE, que se realizaron el día anterior al registro de la entidad y a la detención de nueve personas, los miembros de la Junta han asegurado sentirse "absolutamente legitimados".

"Creo que sería una burla a los socios repetir las elecciones", ha señalado Víctor Manuel.

Los directivos de la SGAE que comparecieron ante los medios no quisieron entrar en el detalle de las imputaciones judiciales. Se limitaron a señalar que no conocían los pormenores de la gestión del área investigada y subrayaron que "hay una parte cuestionada de la sociedad, la SDAE, pero no el conjunto de la misma", señaló Víctor Manuel, quien agregó que sigue convencido, como ha denunciado estos días, que hay "una mano negra" y "muchísimo humo" detrás del escándalo destapado.

ÚLTIMAS DECISIONES JUDICIALES

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', ideada por el actual director de la división digital de la sociedad de gestión, José Luis Rodríguez Neri.

Ruz indica, en un auto hecho público esta noche, que fruto de esta actividad fraudulenta, canalizada a través de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, controlada por el propio Rodríguez Neri.

De hecho, Rodríguez Neri simultaneó su actividad en la SDAE y en Microgénesis (beneficiaria de los contratos que la primera le atribuía) llegando incluso a mantener activa una tarjeta con cargo a la mercantil más de dos años después de desvincularse de ella. En la empresa, el alto cargo de la división digital de la sociedad de gestión había situado a distintos miembros de su familia, entre ellos su pareja María Antonia García Pombo y la hermana de esta, Eva, ahora imputadas, y a su hija.

En esta "trama parasitaria" han resultado beneficiadas con una facturación preferente distintas empresas vinculadas a los imputados con Microgénesis "en la cúspide". La mercantil llevó a ingresar 26,4 millones de euros procedentes de la SGAE entre 2003 y 2007. Las actividades de Neri provocaron que la SDAE diera pérdidas desde su creación. Este agujero condujo, según el auto, al intento de la cúpula directiva de la SGAE --el propio Bautista junto al director general Enrique Loras y el económico Ricardo Azcoaga-- de disolver y absorber a la SDAE en un proceso cargado de "celeridad y opacidad".

El conocimiento de Bautista de la trama es para el juez evidente. Como ejemplo, Ruz especifica que el presidente de la SGAE "conocía y permitía" que Rodríguez Neri recibiera un "sueldo encubierto" de 313.000 euros brutos pagado por una de las sociedades que prestaban servicios para Microgénesis. De este modo, el director de SDAE llegó a recaudar 1.227.852 euros.

PROCESO ELECTORAL

El juez se refiere también al proceso de renovación de cargos de la Junta Directiva de la SGAE y asegura que Rodríguez Neri pudo "vulnerar la imparcialidad debida" impulsando la candidatura "continuista" con la actual dirección y poniendo trabas a la candidatura crítica con el equipo directivo actual.

Con estos argumentos, Ruz ha enviado a prisión eludible con una fianza de 300.000 euros a Rodríguez Neri y ha impuesto al actual socio director de Microgenésis, Rafael Ramos, una fianza de 150.000 euros. El magistrado ha dejado sin embargo libres a su esposa María Antonia García Pombo y la hermana de ésta, Eva, después de interrogar durante la jornada de este lunes a estos cuatro últimos detenidos en la conocida como 'operación Saga'. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario en el caso de Neri y de alzamiento de bienes en el caso de Ramos.

Rodríguez Neri, pieza fundamental de la causa y primero en declarar, ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal José Miguel Alonso durante cuatro horas y media. Después ha sido el turno del director de Microgénesis, Ramos, que ha declarado por espacio de tres horas. Las hermanas García Pombo fueron interrogadas en último lugar durante poco más de una hora.

Esta decisión se produce después de que el magistrado decretara ayer la puesta en libertad, en este caso sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, y dos altos cargos de Microgénesis S.A.: la principal accionista de la empresa Elena Vázquez y el director financiero Celedonio Martín.

El magistrado imputa a todos ellos delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel). Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. Contra Elena Vázquez pesa también una imputación por alzamiento de bienes.

El juez impuso como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE y de Microgénesis, no consideró que exista probabilidad de fuga.