La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82% de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de 1.000 habitantes. Así del total de concejales (68.285) sólo 12.188 tendrán remuneración. Los ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, de entre 95.000 y 100.000 euros anuales, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de 1.000 a 2.000 vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20% de esa cantidad.
Montoro ha informado de que con la reforma de la ley local de los 57 concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid "45 quedarán con retribución", mientras que en el Consistorio de Barcelona, con 41 concejales, serán 32 los que estén retribuidos.
Así se fija en el informe sobre esta reforma revisado hoy por el Consejo de Ministros. El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo. A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.
La norma contendrá también importantes novedades para la vida municipal, como una limitación en el salario de sus funcionarios, fijada cada año en los Presupuestos del Estado, o el regreso de interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal.
También habrá una reducción significativa en el número de eventuales, colectivo que se concentra en los municipios más grandes.
Además, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).
Montoro también ha comentado que a partir de que se apruebe la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, los concejales de las grandes ciudades no tendrán dedicación exclusiva a la actividad política pero sí "estarán comprometidos en la gestión política de sus ciudades y de sus pueblos".
Asimismo, no habrá retribución para los alcaldes de poblaciones de menos de 1.000 habitantes.
El informe recoge además que los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia que "será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia", y los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos.
SE PREVÉ AHORRAR MÁS DE 7.129 MILLONES HASTA 2015
El Gobierno estima que la reforma de la Administración local podría suponer un "ahorro potencial" total de 7.129 millones de euros en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, han informado fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Así se ha dado a conocer tras el Consejo de Ministros de hoy, en el que el Gobierno ha dado luz verde al informe del anteproyecto de la reforma de la Administración Local y ha remitido el texto al Consejo de Estado como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales.
Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno prevé que el 31 por ciento del ahorro -unos 2.731 millones de euros- procedan de la clarificación de competencias prevista en la ley, el 46 % -unos 3.281 millones- de la eliminación de duplicidades y el 19,6 % -unos 1.397 millones- de reducir las dimensiones del sector público.
Además, el Gobierno estima un ahorro de 72,8 millones de euros por la supresión de mancomunidades y entidades locales menores -un 1 % del total- y reducir el gasto en 145,8 millones -un 2 %- por la eliminación de personal eventual y altos cargos.
El Gobierno pretende con esta reforma clarificar las competencias municipales y fijar las de cada administración, además de ahorrar costes a los ayuntamientos y ser más eficientes en la prestación de los servicios públicos.
APROBADA LA AGENDA DIGITAL ESPAÑOLA PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA
El Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes la Agenda Digital española, que se constituye como la 'hoja de ruta' del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para el periodo 2013-2015, con el fin de impulsar la competitividad de España. "Es la estrategia del Gobierno para cumplir con los objetivos de la Agenda Digital para Europa en los años 2015 a 2020, cuya implantación, según los cálculos de la Unión Europea, supondrá un incremento en los próximos ocho años del 5% del PIB", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que esta Agenda Digital, que ha contado con la participación del Ministerio de Industria y del de Hacienda, así como de los agentes implicados en el sector, será la herramienta para impulsar la competitividad en España.El Ministerio de Industria ya indicó el pasado mes de julio que la Agenda Digital para España incluye una previsión de movilización de recursos públicos de 3.174 millones de euros hasta 2015.
Soria ha precisado que los recursos para este plan provendrán de los presupuestos de la Secretaria general de telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) y de la entidad pública adscrita Red.es, así como de los recursos del Ministerio de Hacienda para la Administración electrónica y de otros ministerios para este área.
El ministro de Industria, José Manuel Soria ha explicado que la economía digital española implica actualmente a 30.000 empresas, con una facturación anual de cerca de 80.000 millones de euros. Asimismo, esta industria supone una generación de empleo de 445.000 personas al año y supone un 5,7% del PIB. "Se pretende con esta herramienta hacer llegar de una manera más nítida los beneficios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los ciudadanos y a las empresas y cumplir, además, con los objetivos de la Agenda Digital europea", ha asegurado el ministro, quien ha resaltado los efectos de este proyecto en el crecimiento económico, en el empleo, en la productividad y en el bienestar de los consumidores.
SEIS GRANDES OBJETIVOS
El responsable de la cartera de Industria ha explicado que los grandes objetivos de la Agenda Digital son fomentar el despliegue de redes ultrarápidas, para que en el año 2020 exista un 50% de cobertura de banda ancha con velocidades de 100 Mbps, y el aprovechamiento de las TIC en la industria a través del 'cloud computing', 'big data' y 'smart cities'; además de aumentar la confianza en el ámbito digital. Asimismo, este plan pretende aumentar la inclusión digital y el comercio electrónico en empresas; lograr una mayor internalización de las empresas españolas de base tecnológica, así como impulsar la industria de contenidos digitales, ha añadido el ministro.
Con esta estrategia el Gobierno busca además aumentar el uso de la administración electrónica para que en 2015 un 50% de la población utilice la Administración e incrementar también la digitalización de los servicios públicos.
