El contable de Nóos confiesa a la Fiscalía delitos de corrupción
Llega a un pacto y confiesa que Aizoon tenía como fin recibir fondos ilícitos
Manos Limpias pide 6 nuevas imputaciones y más tiempo para formular acusación
El que fuera contable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que confiesa que Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, tenía como finalidad desviarse a su favor los fondos que de forma ilícita percibió el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.La confesión, la primera que se produce en el marco del caso Nóos, ha quedado plasmada en un escrito de ocho páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que este jueves ha entregado el fiscal Pedro Horrach al juez José Castro. Ambos han mantenido un encuentro de unos veinte minutos en el despacho del magistrado, el primero tras las desavenencias surgidas desde que el representante del Ministerio Público recurriera el auto por el que Castro puso fin a la instrucción de la causa.
A su salida del despacho, Horrach, quien había llegado a los Juzgados de Vía Alemania pasadas las 12.00 horas, ha manifestado que la reunión ha sido "muy cordial" y ha manifestado que "el procedimiento sigue su curso".Tejeiro ha optado por confesar las maniobras delictivas llevadas a cabo a través de Aizoon de cara a una futura reducción de pena, lo que relata de forma pormenorizada en su escrito, rubricado por su abogado Daniel Pérez-Esqué y por él mismo, y que previamente había presentado en la Fiscalía. En él revela, entre otros numerosos hechos, cómo Aizoon "carecía de infraestructura personal y de medios para acometer su actividad social", y asegura no constarle que la sociedad tuviera empleados con dedicación exclusiva.
En esta línea, explica que el giro de facturas falsas entre las empresas del entramado por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 5,9 millones de euros públicos, suponía una práctica habitual dentro del conglomerado y, en el caso de Aizoon, subraya que las facturas libradas por ésta contra el Instituto Nóos y Nóos Consultoría Estratégica constituían una vía para que el dinero de origen presuntamente ilícito acabara en las cuentas de la sociedad de los Duques.
En su escrito, Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que "operaban realmente en el mercado como si fueran una sola", todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control "absoluto" y el "poder de decisión" dentro del grupo.
Es más, confiesa que la actividad principal del conglomerado se centró principalmente en lograr la adjudicación para organizar las tres ediciones del denominado Valencia Summit y las dos del Illes Balears Forum, cuyo coste real, afirma, fue notablemente inferior a los fondos que el Instituto Nóos percibió de la Comunidad de Valencia y de Baleares. En total, la entidad cobró por organizar estos eventos 5,9 millones de euros, a pesar de que su verdadero coste fue de 1,6 millones, según datos de la Agencia Tributaria.
FONDOS PUBLICOS REPARTIDOS ENTRE TORRES Y URDANGARIN
El encausado recalca que el dinero que cobró Nóos acabó siendo repartido entre Torres y Urdangarin mediante el giro de facturas falsas de las sociedades que ambos controlaban. Unas facturas que, precisa, no respondían a servicios realmente prestados. Tejeiro señala, de hecho, que el Instituto, pese a que se promocionase como una asociación sin ánimo de lucro, funcionaba en realidad como una mercantil con fines lucrativos.
En el caso de la primera edición del Valencia Summit, Tejeiro ha apuntado que se empezó a trabajar en el evento con anterioridad a la firma del convenio de colaboración entre Nóos, Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), ante "las buenas perspectivas que Torres y Urdangarin" trasladaron a los "responsables políticos" valencianos. Lo mismo sucedió, afirma, en el caso del segundo foro de turismo y deporte celebrado en Palma.
"En todo caso, el margen comercial o de beneficio que habría de remansarse en el Instituto Nóos no se destinaba a los fines y objeto de la asociación, sino que se vehiculaba a las mercantiles privadas de los señores Torres y Urdangarin", añade.
DESVIO DE FONDOS AL EXTRANJERO
Tejeiro hace alusión asimismo a la estructura fiduciaria investigada en la causa para desviar fondos al extranjero, y en este sentido, apunta a que la finalidad de ésta era evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Según recuerda en su escrito, llegó a asistir por indicación de Torres a una reunión en la que se le expuso la creación de esta estructura, mostrando su desconocimiento acerca de si Urdangarin participó en este entramado.
Una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido), según explica Tejeiro, quien recuerda además que las facturas emitidas por De Goes contra el Instituto Nóos las confeccionó y se las entregó Torres, para después remitirlas Tejeiro a Salvador Trinxet, el abogado que presuntamente ayudó a urdir esta red de evasión fiscal internacional.
MANOS LIMPIAS PIDE 6 NUEVAS IMPUTACIONES Y MÁS TIEMPO PARA FORMULAR ACUSACIÓN
Paralelamente, el sindicato Manos Limpias ha pedido hoy a la Audiencia de Palma que vuelva a imputar a seis personas en la causa, entre ellas el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y que suspenda el plazo de 20 días para formular escritos de acusación hasta que se resuelvan todos los recursos.
En un recurso de apelación registrado hoy ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma, Manos Limpias, personado como acusación particular, pide la imputación de García Revenga, del apoderado de Iñaki Urdangarin en la empresa Aizoon, Mario Sorribas; del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y del asesor fiscal Salvador Trinxet.
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