María Marín / Los controladores hoy también han permanecido callados. La fiscalía no ha podido arrancarles ni una palabra. Como ya hicieran ayer, los trabajadores qeu tenían que declarar hoy han permanecido en silencio alegando que no reconocen su competencia. Interpretan que al estar sometidos al control militar, no es competencia de la jurisdicción civil sino militar. Ante este comportamiento, el Fiscal jefe de la Audiencia de Madrid ya ha adelantado que remitirá esta denuncia que pesa sobre los controladores a los juzgados ordinarios para que continúen con la investigación.
Además hoy el Vicepresidente y mininistro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ha reiterado que el Gobierno ampliará el Estado de Alarma para garantizar el tráfico aéreo estas Navidades. Una decisión que tendría que aprobar previamente el Congreso de los Diputados.
Los controladores insisten en que la responsabilidad del caos no es sólo suya
Por su parte los controladores aéreos asumen su responsabilidad. En declaraciones al programa informativo de Telemadrid, Diario de la noche, el ex portavoz del sindicato USCA, César Cabo, ha asegurado que los trabajadores "están muy nerviosos", y que a su juicio, "la responsabilidad es compartida con el Gobierno". Cabo considera que el ministro de Fomento, José Blanco "ha criminalizado al colectivo".
Pérdidas millonarias para el comercio madrileño
Justo hoy se cumple una semana del cierre del espacio aéreo español. Un conflicto que ha provocado pérdidas millonarias a los empresarios madrileños. El Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, calcula que el caos ha hecho perder a los comerciantes "entre 100 y 150 millones de euros". Fernández ha anunciado que tanto la Cámara de Comercio como CEIM presentarán posiblemente una demanda contra los controladores aéreos y contra AENA por los "perjuicios" ocasionados a los madrileños durante la huelga del pasado fin de semana.
Los consumidores exigen compensaciones
La Unión de Consumidores de España, UCE, ha exigido al Gobierno que habilite un procedimiento "rápido y eficaz" para que AENA compense económicamente los daños provocados a los ciudadanos por la conducta de los controladores aéreos. UCE quiere que cada pasajero que sufrió la cancelación de un vuelo por el cierre del espacio aéreo reciba una compensación de 250 euros.
