Dieciséis controladores aéreos, entre los que se encuentra el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, están citados a declarar desde mañana hasta el jueves como imputados por un juzgado madrileño en relación con el cierre del espacio aéreo del pasado mes de diciembre.
Los controladores deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que investiga su supuesto abandono del puesto de trabajo en los centros madrileños de Barajas y Torrejón de Ardoz durante el último Puente de la Inmaculada hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma.
Los imputados han sido citados de cuatro en cuatro de lunes a jueves y la declaración del presidente de USCA está prevista para el martes. Fuentes jurídicas han anunciado a Efe que otros controladores aéreos han sido citados también como imputados para los días 12, 13, 15, 19 y 20 de septiembre.
Las citaciones han sido recibidas de forma positiva por las diversas asociaciones que se presentan como acusación en la causa, entre las que se encuentran la Agrupación de Demandantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV).
Hasta el momento, la única citación a los controladores aéreos que supuestamente abandonaron sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre se produjo ese mismo mes desde la Fiscalía de Madrid, pero entonces se acogieron a su derecho a no declarar.
LOS VIAJEROS DEMANDARÁN A AENA
La Agrupación de Demandantes Afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentarán una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa pública Aena al entender que el paro salvaje de los controladores se podía haber evitado. Así lo ha avanzado Luis Vericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla donde hoy están citados a declarar cuatro controladores aéreos.
Vericat ha asegurado que Aena es "totalmente" responsable de lo que sucedió aquellos días, ya que en ningún caso "puede hablar de fuerza mayor" porque, a su juicio, "era previsible y se podía haber evitado"."No supo gestionar ese problema que tenía", ha subrayado el abogado, que ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero por los daños morales. "Es una cantidad razonable, aunque no hay dinero para pagar lo que los afectados pasaron esos días", ha insistido el abogado.
Según Vericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo, lo que supondría un monto cercano a los 10 millones de euros en indemnizaciones.
En referencia a la vía penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser "casualidad" que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo. "Es insostenible y no es creíble", ha dicho Vericat, que ha advertido de que a partir de ahora todos aquellos colectivos que pretendan "pisotear" los derechos de los ciudadanos no les va a salir "gratis".
