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La Audiencia Nacional juzga desde este jueves al expresidente y fundador de la empresa de inversión en bienes tangibles Arte y Naturaleza, Guillermo García del Toro, y otros diez acusados por la estafa piramidal que afectó a más de 19.000 clientes. La Fiscalía, que sólo presenta cargos contra seis de ellos, pide para García del Toro 20 años de cárcel, multa de 30,6 millones y una indemnización adicional al fisco de 7,6 millones al considerarlo autor material de estafa continuada, insolvencia punible, falsedad contable y de tres delitos contra la Hacienda pública.

Según relata en su escrito Anticorrupción, García del Toro aprovechó su experiencia como comercial de Afinsa para constituir una empresa similar en 1996 basada en un negocio piramidal que captaba inversores bajo la promesa de una "altísima rentabilidad", superior a la ofrecida por las entidades bancarias.

La peculiaridad del negocio, "netamente financiero", consistía en que los bienes que garantizaban las inversiones de los clientes eran obras de arte de valor "claramente insuficiente" para cubrir todas las sumas de dinero captadas en forma de depósitos a plazo fijo.

La Fiscalía hace extensible su acusación a los consejeros de la empresa Raúl García López y Fernando Carrera Correa, el tasador de las obras, Andrés Macho Henares, y el auditor Francisco Vives Lluria, para quienes pide 6 años de prisión y multa de 54.750 euros por cómplices del delito de estafa.

Además, exige a los acusados que indemnicen a los 19.360 clientes a los que adeudan 434,25 millones, pago que también reclama tanto a la hija de García del Toro y directiva de la entidad, Alba, como a la mercantil de ésta, Eklettical. La plataforma de afectados de la asociación Adicae está personada también en un proceso que, asegura, "no resarcirá a las víctimas, que de media invirtieron más ahorros y que además no han recuperado cantidad alguna mediante la administración concursal".

Adicae solicita 23 años y medio de cárcel para García del Toro como principal responsable, mientras que amplía su acusación a otros cinco accionistas de la sociedad para los que pide entre 17 y 4 años de cárcel.