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Los bienes decomisados a los traficantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual serán destinados a las víctimas de trata, una cantidad que el pasado año alcanzó los veintitrés millones de euros. Así lo prevé el Plan Integral del Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual para el periodo 2015-2018, aprobado por el Consejo de Ministros, que contará con una dotación de 104 millones de euros para los cuatro años.

El trasvase de fondos decomisados hacia la atención a las víctimas se articulará a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se creará en las próximas semanas, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El Plan pretende dar "una respuesta transversal a una de las peores formas modernas de esclavitud", ha aseverado la vicepresidenta. "Es un problema que lo tenemos en casa, lo tenemos oculto a veces entre luces de neón y no podemos mirar hacia otro lado", ha advertido el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo la prostitución representa el 0,35 por ciento del PIB, lo que supone cerca de 3.700 millones de euros, ha recordado el titular de Sanidad. Los datos de Eurostat, la oficina estadística europea, advierte de que el 80 por ciento de las víctimas europeas de trata de seres humanos son mujeres y niñas y que, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, el porcentaje supera el 95 por ciento.

En el caso de España, según Alonso, 45.000 mujeres son víctimas de la prostitución y el 80 por ciento de ellas tiene menos de 35 años. El nuevo Plan de Trata prevé dedicar a la asistencia y reparación de las víctimas el dinero intervenido tras las operaciones contra el patrimonio de los tratantes, del mismo modo que se hace ahora con lo que se decomisa del tráfico de drogas que se destina a atender a las víctimas de esta lacra.

Se trata de potenciar la financiación de los proyectos de asociaciones destinados a la recuperación, asistencia y protección de las víctimas.

Alonso ha aseverado que España es un país referente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y "quiere ser también vanguardia en la lucha internacional contra la trata". El Plan prevé intensificar la lucha contra el delito y contra las redes criminales que operan detrás de las situaciones de trata y apuesta por una mayor coordinación institucional.

En este sentido, Alonso ha calificado de "impagable" la labor del Ministerio de Interior, cuya actuación contra la trata a través de las inspecciones de la Policía Nacional ha dado lugar, en los primeros meses del año, a 462 operaciones contra la trata, 1.450 detenciones y la detección de más de 14.000 víctimas potenciales, la mayoría de ellas rumanas, españolas, dominicanas, colombianas, brasileñas y paraguayas.

El Plan se articula en cinco ejes: prevención, formación, identificación de las víctimas, persecución del delito y cooperación y coordinación, y se compone de 143 medidas. Según Alonso el principal objetivo es la detección de las situaciones de trata.

El Plan incluye aportaciones de numerosos organismos e informes nacionales e internacionales, así como de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Fiscalía o el Foro Social contra la Trata, que congrega a organizaciones especializadas en la atención a las víctimas de trata. Ha recordado que, en esta legislatura, además de la puesta en marcha del II Plan policial contra la trata, se ha reforzado el Código Penal y se ha mejorado la atención y asistencia a la víctima en el nuevo Estatuto de la Víctima, así como en la reciente Ley de Infancia.

El texto incluye la trata como una forma de violencia contra la mujer, aspecto que recoge la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Gobierno en 2013.

Uno de las principales medidas del plan es la "Detección y Prevención" y se centrará en campañas de sensibilización con el fin de transmitir a la sociedad la intolerancia hacia situaciones de trata de seres humanos. La primera de ellas se pondrá en marcha en octubre. Otro eje es la Identificación, protección y asistencia a víctimas, con especial hincapié en los grupos más vulnerables, como las mujeres con discapacidad, menores de edad o las que tienen hijos menores.