El juez de Barcelona que ayer rechazó retirar las urnas del 9N cree que el gobierno catalán podría haber incurrido en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, pero no los ciudadanos que ejercen su derecho a "reunión, manifestación y libre expresión de opiniones".
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD, un concejal del PP de Esplugues (Barcelona) y la xenófoba PxC y ha encargado a los Mossos un atestado sobre la votación de hoy y sobre sus responsables.
El juez, que ha rechazado por desproporcionado ordenar la retirada de urnas que pedían los denunciantes, considera que la votación del 9N podría acarrear delitos de "desobediencia a la autoridad judicial por parte de funcionario administrativo, prevaricación y malversación de caudales públicos".
De esos delitos, en opinión del magistrado, serían responsables "las autoridades que actuaren contraviniendo lo dispuesto por la resolución del Tribunal Constitucional" y extenderse "al resto de personas que tienen la condición de funcionarios públicos en cuanto a las actuaciones que fueran contrarias a lo dispuesto" por el TC.
Sin embargo, el juez entiende que "ahí acaban las responsabilidades penales", sin que los actos de votación, participación ciudadana o como quiera denominarse a los actos de canalización de la voluntad popular puedan ser considerados delictivos "en lo que respecta al ciudadano, que es libre de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se les convoca y se facilita que lo haga".
Para el juez, debe quedar "claramente diferenciado las conductas de trascendencia penal desde el punto de vista de las personas responsables de los delitos que se hubieran cometido, de lo que es el hecho en sí mismo de la expresión de la voluntad popular, del derecho de reunión y manifestación y de la libre expresión del sentimiento u opinión de los ciudadanos en relación a cualquier cuestión que afecte a sus intereses como colectivo".
"El sustrato político y de normativa constitucional que evidentemente late bajo estos hechos no corresponde solucionarlo a los tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y menos por la vía de urgencia", prosigue el auto.
Respecto a las medidas cautelares solicitadas, el juez recuerda que no consta que la "parte legítima" haya solicitado el auxilio jurisdiccional ni que el TC se haya dirigido a la jurisdicción ordinaria para reclamarlo, por lo que en su opinión "no parece proporcional" que se acuerden de urgencia.
En opinión del magistrado, la cuestión de fondo que plantean las denuncias es "competencia única y exclusiva del TC" y, en todo caso, correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa.
HOMS NO IMAGINA UN GOVERN INHABILITADO
El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha afirmado hoy que "en absoluto" se imagina que los miembros del Govern puedan ser inhabilitados por el proceso del 9N y, ante las advertencias ayer del ministro de Justicia, ha asegurado que "todas estas amenazas" cada vez les dejan "más indiferentes".
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordó ayer que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales en la celebración del proceso del 9N, pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional, y, de ser así, ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan.
Homs, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha negado "rotundamente" que haya habido algún pacto con el Gobierno central para que ayer se pudiera celebrar el proceso participativo y ha tildado de "lamentable" la postura de los últimos días del Ejecutivo de Rajoy porque "las amenazas y el menosprecio han sido una constante".
El conseller ha anunciado, en este sentido, que ampliarán el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, porque "es una vergüenza que el sábado el presidente Rajoy dijera que esto de Cataluña ni era un referéndum ni era una consulta", para preguntarse a renglón seguido: "Entonces, ¿por que lo llevaron ante el Tribunal Constitucional?".
"Nos han hecho pasar muy malos ratos con lo que pasaría, que si la Policía, que si la Fiscalía, que si arriba, que si abajo... debates que ahora pueden quedar atrás, pero no podemos dejar pasar por alto esta actitud tan hostil y tan antidemocrática del Gobierno español", por lo que, ha indicado Homs, actuarán "en defensa de Cataluña, de las instituciones catalanas y de tantísima gente a la que en estos días han hecho sufrir".
En este contexto, ha criticado "la falta de independencia de la Fiscalía", que ha ejemplificado en que el sábado "fuentes del PP, a través de los medios de comunicación, anticipaban los comunicados de prensa de la propia Fiscalía", y ha considerado "un escándalo que hayan utilizado las instituciones del Estado en beneficio propio del PP".
