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Seis cargos y exdirigentes de UGT Asturias, entre ellos su anterior secretario general, Justo Rodríguez Braga, han sido detenidos y trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo por su presunta responsabilidad en la gestión irregular de fondos destinados a la formación para el empleo.

Entre los detenidos se encuentran también dirigentes de la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias y de la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (INFASTUR S.L.), que están vinculados al sindicato.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, las detenciones se han llevado a cabo en distintos puntos del Principado a primeras horas de la mañana coincidiendo con el registro que agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil han llevado a cabo en la sede regional de UGT, en el centro de Oviedo. En este edificio los agentes han registrado las sedes sociales de UGT de Asturias, de INFASTYUR e IFES.

Los registros se han llevado a cabo con el apoyo de la Comandancia de Oviedo por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para Formación del sindicato.

Los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de Oviedo donde se practicarán las diligencias pertinentes y, al término de las mismas, pasarán a disposición judicial, aunque según el Tribunal Superior de Justicia, no se puede precisar el día concreto en el que lo harán.

UGT DICE QUE SIEMPRE CUMPLIÓ

UGT ha asegurado hoy que "siempre" ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y que está dispuesta a colaborar con la justicia en todo lo necesario tras el registro de su sede en Asturias, operación en la que han sido detenidas al menos cinco personas, entre ellas su ex secretario general en el Principado Justo Rodríguez Braga.

En un comunicado, el sindicato pide que la investigación se realice con celeridad "para no seguir poniendo en entredicho, durante más tiempo" su labor en materia de formación y que se aclare "cuanto antes y de manera definitiva" su correcta actuación en la impartición de los mismos a la vez que subraya que UGT es la primera perjudicada "hasta que no se despejen todas las dudas". Rodríguez Braga, detenido hoy por la Guardia Civil dentro de una operación relacionada con presuntas irregularidades en las subvenciones para formación, aseguró en su despedida del cargo que los afiliados podían estar "tranquilos" porque "todo está justificado" y que ningún dirigente se había llevado "un solo euro".

El exsecretario de UGT-Asturias se pronunció así durante el Congreso celebrado por el sindicato en mayo del pasado año en el que, tras 16 años al frente de la central en Asturias, dio el relevo en la Secretaría General a Javier Fernández Lanero para afrontar "un cambio de modelo y de personas" en la organización.

Según fuentes cercanas a la investigación, Rodríguez Braga figura entre los cinco detenidos en una operación que continúa abierta y que incluirá más registrados además del que se realiza desde primera hora de esta mañana en la sede central del sindicato en Asturias, en el centro de Oviedo. Una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encuentra desde primera hora en el sindicato y, según alguno de sus empleados, el registro se está centrando en la primera planta, donde se encuentran las oficinas de la sede regional.

La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). La denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.

Dos años antes de la denuncia de la Fiscalía, UGT-Asturias había asegurado que justificaba en la forma en que se requiere la totalidad de las cantidades que venía ejecutando correspondientes a cursos de formación para desempleados y para trabajadores. UGT se refirió así a las recomendaciones hechas en un informe de la Sindicatura de Cuentas de Asturias sobre la gestión de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar acciones de formación que mejoren la empleabilidad de los trabajadores asturianos.

Dicho informe consideraba que debían establecerse los mecanismos que garantizasen la publicidad y transparencia del proceso de selección e incidía en que gran parte de los beneficiarios son organizaciones sindicales y empresariales que no se consideran centros o entidades de formación y que acudían en consecuencia a la subcontratación de toda la actividad formativa a otros centros. Así, la Sindicatura recomendaba orientar los criterios de valoración hacia centros de formación que sean entidades sin ánimo de lucro para evitar que con la subcontratación se disipen los objetivos de estas ayudas, así como que el beneficiario directo actúe únicamente como gestor de las mismas.

La central que entonces dirigía Rodríguez Braga incidió en que la formación para el empleo es un derecho de los trabajadores que se financia de manera conjunta con sus aportaciones y las de los empresarios lo que hace que sean sindicatos y patronal quienes gestionen la mayor parte de esta formación.