La Guardia Civil ha detenido hoy al director del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, al de la Fira, Constantí Serrallonga, y entre otros al exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives (CDC), por su supuesta vinculación con el pago de comisiones a la antigua Convergència, en el caso del 3%.
Según han informado fuentes cercanas al caso, en la operación se han practicado unos 25 registros de domicilios particulares y empresas y una quincena de detenciones, entre ellas las del exresponsable de los servicios jurídicos y excoordinador de régimen interno de CDC Francesc Sánchez, así como los empresarios José M., de la constructora Comsa-Emte, José M.Z. y Pedro L., de la compañía Oproler, y un directivo de la sociedad Rubau Tarrés, en Girona.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que mantiene el caso bajo secreto de sumario, atribuye a los detenidos en esta operación -la cuarta fase del caso conocido como 3% sobre supuesto pago de comisiones a la antigua CDC (hoy PDeCAT)- los delitos de blanqueo, financiación ilegal, cohecho y malversación.
El juez investiga en esta nueva fase el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergència a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glòries o la ampliación del Puerto de Barcelona, en la etapa en que el convergente Xavier Trias ostentaba la alcaldía de la capital catalana.
Poco después de las 9.30 horas de la mañana, agentes de la Guardia Civil han acudido al edificio del World Trade Center de Barcelona, donde tiene su despacho el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, un amigo del entorno más próximo del expresidente de la Generalitat Artur Mas.
Cambra ha sido arrestado mientras los agentes registraban las oficinas del área de presidencia en búsqueda de dos expedientes sobre contrataciones en el Puerto, entre ellas por la ampliación en el muelle sur, adjudicada con un presupuesto de 4,2 millones de euros a Comsa, empresa que también ha sido registrada hoy.
El grueso de la investigación se centra en obras contratadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa en la que el alcalde era Xavier Trias (CiU), por lo que dos de los detenidos han sido el antiguo responsable de Hábitat Urbano y exteniente de alcalde Antoni Vives -arrestado en su casa y que será trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona- y el gerente municipal durante el periodo 2011-2015 Constantí Serrallonga, actualmente director de Fira de Barcelona.
En declaraciones a la prensa desde el consistorio, donde preside el grupo de CiU, Trias ha señalado la "clara intencionalidad política" de la operación desplegada hoy, que ha vinculado al inicio del juicio contra Mas por la consulta del 9N, que se inicia el próximo lunes.
También Rafael Entrena, abogado de Vives y de la exvicepresidenta Joana Ortega en la causa del 9N, ha relacionado la operación contra la antigua Convergència con el inminente juicio por la consulta: "hace muchos años que no creo en las casualidad", ha dicho a TV3.
Los agentes buscan en los registros, tanto en las adjudicatarias como en las sedes de las empresas públicas Infraescturues.cat -dependiente de la Generalitat-, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona de Infrastructuras Municipales SA), los contratos de concesión de las obras bajo sospecha.
Una de las principales obras, por su envergadura, es el proyecto de construcción del túnel para soterrar la Gran Via en la plaza de les Glòries en Barcelona, que fue adjudicado por 49,6 millones de euros en febrero de 2015, tres meses antes de que CiU perdiera la alcaldía de Barcelona, una unión temporal de empresas integradas por
Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa.
El juez indaga si las empresas públicas adjudicaban obras a constructoras o a la UTE a cambio del pago de comisiones del 3% a las fundaciones FORUM o Catdem, vinculadas a CDC, partido al que se acababa desviando el dinero.
COLAU INVESTIGARÁ LAS OBRAS QUE CONTRATÓ CiU EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá de forma "inminente" un expediente informativo después de que la Guardia Civil haya requerido a la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa) información y expedientes sobre diversas obras realizadas durante el anterior mandato de CiU.
Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa después de reunirse casi una hora junto al teniente de alcalde Jaume Collboni con los líderes de los grupos de la oposición: el exalcalde Xavier Trias (CiU), Carina Mejías (Cs), Alfred Bosch (ERC), Alberto Fernández (PP) y María José Lecha (CUP).
Colau, que ha rechazado hacer una valoración política y ha defendido la independencia de los jueces, ha dicho que abrirán este expediente informativo para facilitar la colaboración con la Justicia, revisando cualquier elemento administrativo que pueda estar relacionado con la información requerida y trasladando la información que pudiera ser útil para la investigación.
Sobre si el Ayuntamiento se personará ante los hechos, ha dicho que contemplan esta opción pero que es pronto porque no disponen de toda la información sobre el caso --ha recordado que está bajo secreto de sumario--, y ha señalado que tampoco descartan crear una comisión de investigación, pero "es demasiado pronto para hablar de otras actuaciones".
La alcaldesa ha detallado que los agentes han requerido al director de Bimsa, ?ngel Sánchez, y al también directivo Ernest Santolaria ir a sus domicilios para hacer un registro, y ha asegurado que desconocen si personas que actualmente trabajan para el Ayuntamiento quedarán o no acusados formalmente.
Si se concretara una acusación formal hacia algún trabajador municipal y respetando la presunción de inocencia, el afectado mantendría el cargo pero, como medida cautelar, se optaría por una suspensión de sus funciones ejecutivas hasta que el caso quedara aclarado, ha dicho Colau, que ha ofrecido toda la colaboración del Ayuntamiento, porque es el primer interesado en aclarar el caso.
