El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado que sólo el fiscal pueda acceder íntegramente a la documentación remitida por la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert sobre el supuesto chivatazo a ETA que se habría producido en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda incorporar a la causa los 645 folios que fueron remitidos por la juez Le Vert, una vez que han sido traducidos al español, y establece el secreto parcial por el plazo de un mes prorrogable para nueve de ellos, que sólo podrán ser conocidos por el Ministerio Público.
El juez adopta esta decisión para que el fiscal de la causa, Carlos Bautista, le informe "si estima procedente la práctica de alguna diligencia de investigación" en función del contenido de los folios 4 a 12 de la comisión rogatoria.
Una vez que el Ministerio Fiscal presente su informe, las diez carpetas que forman la comisión rogatoria, a excepción de los nueve folios que permanecerán secretos, quedarán "a disposición de las partes" personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran como acusaciones populares la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
"TOTAL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS"
El instructor justifica el mantenimiento del secreto sobre estos documentos argumentando que de su contenido podría "derivarse la práctica de determinadas diligencias" que contribuirían al "total esclarecimiento" de los hechos investigados en este presente procedimiento.
En este sentido, argumenta que resulta "necesario" para la "plena utilidad y eficacia" de las actuaciones judiciales "preservar las mismas y su resultado del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación, y en su caso de los imputados, con el objeto de asegurar y culminar la investigación abierta sin pérdida de datos que puedan ser relevantes a la misma".
A juicio de Ruz, la naturaleza de los delitos que se están investigando (revelación de secretos y colaboración con organización terrorista), el contenido de los citados folios y las diligencias que podría solicitar la Fiscalía justifican que adoptar el secreto parcial "por el plazo no superior a un mes, sin prejuicio de eventuales prórrogas del mismo", resulte "racional, lógico, fundado y necesario".
LLAMADAS EN TORNO AL 'FAISAN'
En la comisión rogatoria, que fue cursada el 17 de febrero, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.
También quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar 'Faisán', que habría sido utilizada por el primero.
El juez también reclamaba copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.
TRES MANDOS POLICIALES IMPUTADOS
Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al 'Faisán' estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.
En la declaración ante el juez que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración. Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Alava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".
El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración. Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Alava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
