La Guardia Civil ha detenido hoy al propietario de la empresa GBI Serveis, Gustavo Buesa, en el marco de la operación en la que investiga si hizo cuantiosas donaciones a la fundación Catdem, vinculada a CDC, a cambio de obtener adjudicaciones supuestamente irregulares en Lloret de Mar (Girona).
Según ha informado la Guardia Civil, el empresario y propietario de GBI Serveis ha sido detenido en Lloret de Mar, en el marco de la operación en la que por la mañana se había arrestado al secretario y al interventor municipal del Ayuntamiento de esta localidad, que ya han quedado en libertad, a la espera de ser citados próximamente por el juez.
En la operación, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Blanes (Girona) y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se han practicado también cuatro registros, entre ellos en el Ayuntamiento de Lloret y en la sede del grupo GBI Serveis, del empresario Gustavo Buesa, que está imputado por la Audiencia Nacional en la causa abierta contra Jordi Pujol Ferrusola.
Gustavo Buesa es uno de los principales donantes de la Fundación Catdem, de CDC.
Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, la investigación se centra en la contratación supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Lloret de Mar a empresas del grupo GBI Serveis sobre servicios relativos a la recogida de basuras y limpieza de playas, así como en la gestión y obras del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales.
La adjudicación supuestamente irregular se llevó a cabo, según Anticorrupción, con la connivencia de autoridades y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Lloret de Mar, durante la última fase de Xavier Crespo (CiU) como alcalde.
En la operación, denominada "Trueno", el juez atribuye a los supuestos responsables de esta contratación municipal irregular los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude o exención ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionaros públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Un portavoz municipal ha informado de que los agentes se han personado en el Ayuntamiento poco antes de las 08.30 horas y han ordenado a los funcionarios que ya se encontraban en el interior que abandonasen el edificio.
Los trabajadores que comenzaban posteriormente su jornada laboral han sido invitados a quedarse fuera a la espera de nuevas órdenes, mientras se producía el registro.
El portavoz municipal ha lamentado el revuelo mediático que ha generado la actuación de la Guardia Civil y ha resaltado la tranquilidad de los responsables del consistorio, al considerar que sus actuaciones se han ajustado siempre a la legalidad.
Además, este portavoz ha insistido en que el contrato firmado con la empresa GBI Serveis, encargada del tratamiento de residuos, se remonta a 2011, cuando el consistorio estaba dirigido por Xavier Crespo (CiU), con lo que es anterior al actual equipo de gobierno, que encabeza el alcalde convergente Jaume Dulsat.
Xavier Crespo fue condenado a nueve años y medio de inhabilitación el pasado mes de noviembre por aceptar regalos de un supuesto mafioso ruso a cambio de beneficios urbanísticos en el marco de la Operación Clotilde.
La investigación de ahora deriva del 'caso Clotilde', por el que también fue inhabilitado para ejercer como cargo público el exconcejal de Urbanismo Josep Valls.
