Los tres miembros de la banda terrorista ETA que mostraron las armas a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) volvieron a llevárselas, en una caja de cartón, tras enseñarlas a los verificadores, han declarados los integrantes del CIV esta mañana ante el juez Ismael Moreno, según indican fuentes jurídicas.
Los etarras, que prometieron a los verificadores no hacer uso del material mostrado, enseñaron el pequeño arsenal en un piso de la localidad francesa de Toulouse a finales del pasado mes de enero.
Después de que uno de los miembros de ETA presente grabara las imágenes que se difundieron el pasado viernes, recogieron las pistolas, el fusil, las granadas y el explosivo expuesto y lo guardaron en una caja de cartón que precintaron con cinta adhesiva y que se llevaron de la vivienda.
Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe han explicado que recibieron una carta anónima en la que se les pedía que acudieran a la ciudad francesa a finales de enero. A la cita acudieron únicamente Manikkalingam y Kasrils, que se desplazaron en tren hasta Toulouse.
A su llegada a la estación les recibió un hombre con gafas y un gorro que les esperaba en un coche. Esta persona, que no se identificó, les trasladó a un edificio en el que entró directamente por el garaje, han precisado.
Los dos verificadores subieron desde el parking a una vivienda donde se encontraron el escenario que mostraba el vídeo difundido. Les ofrecen un listado con la relación de armas y explosivos, que firmaron únicamente con el compromiso verbal de los tres etarras presenten de que el material que les enseñaban estaba inutilizado. En ningún momento llegaron a tocar nada de lo que se exponía, han indicado las citadas fuentes.
COBRAN 750 EUROS POR DIA
Los tres verificadores han reconocido ante el juez Moreno que fueron "contactados" en Amsterdam en junio o julio de 2011. Han admitido que su labor está financiada por un colectivo que responde a las siglas DAG y que les paga 750 euros por cada jornada de trabajo.
Al término de la declaración, que se ha prolongado durante tres horas el portavoz Manikkalingam ha leído una corta declaración en inglés en la que ha indicado que su intención es ser "transparentes" y colaborar con la Justicia. "Creemos que existe un auténtica oportunidad para la paz", ha dicho.
Las declaraciones se han producido en el marco de una diligencias previas las 26/2014, abiertas por el juez a raíz de la petición realizada por la asociación de víctimas Covite. Todos ellos han respondido a las preguntas efectuadas por el juez y la fiscal Carmen Monfort en inglés con la asistencia de un traductor y sin contar con la presencia de abogados.
La solicitud de Covite, registrada el pasado viernes por la tarde, instaba a la Audiencia Nacional a citar a los verificadores internacionales "de urgencia" para que dieran información sobre "con quién se reunieron, qué contactos han tenido con terroristas huidos de la justicia y buscados por las fuerzas de seguridad, si conocen su paradero actual, si saben quiénes son, dónde se reunieron, y den toda la información necesaria para que sea trasladada a las Fuerzas de Seguridad y estas detengan a estos terroristas de inmediato".
Los otros tres miembros de la CIV no han comparecido porque dos de ellos ya han abandonado el territorio español mientras que un tercera se encuentra enfermo.
El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, se encuentra reunido en Madrid con miembros de la Comisión de Verificación Internacional (CIV) para mostrarles su apoyo antes de su declaración en la Audiencia Nacional, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo vasco
Estas mismas fuentes han señalado que la reunión ha comenzado a las 8.00 horas de la mañana. De esta manera, Urkullu respalda al CIV tras ser citados varios de sus miembros para que identifiquen a los miembros de la banda terrorista ETA con los que se han reunido en los
últimos meses.
El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ya señaló ayer que resultaba "difícil de entender" la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de citar a los verificadores, advirtiendo de que el Estado "no está facilitando las cosas para desarrollar ese desarme".
"A las entidades de prestigio internacional con experiencia internacional en esta materia en otros lugares y con respaldo internacional importante se les pone en dificultades... es difícil de entender, pero suelo pensar que si fuese fácil todo esto estaría resuelto", indicó.
La medida cuenta con el apoyo de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya avanzó su intención de reclamar la comparecencia, a petición del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco (Covite).
