Una exasesora de Empleo incide en que Chaves y Griñán tenían "información continua" de las ayudas

La exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa ha incidido hoy en que a los gabinetes de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán se les remitía "información continua" de los conflictos laborales, las ayudas que se daban a colectivos afectados y "para qué se han dado". Rofa -testigo clave en la causa que aportó a la UCO 1.627 archivos para la investigación- ha declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y sin control, según la Fiscalía.

A preguntas del juez que preside el tribunal, Juan Antonio Calle, para que concretarse su declaración de ayer sobre el conocimiento de los expresidentes de las ayudas investigadas, Rofa ha insistido en que había un "flujo y circuito de información continua" con los gabinetes de los presidentes ante visitas de estos a determinados territorios o preguntas parlamentarias que debían responder.

Ha concretado que desde la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo -donde fue asesora entre 2008 y 2011 y participó en la revisión de los expedientes de ayudas dadas tras estallar el caso- se remitieron varios informes al gabinete de Presidencia tanto en la etapa de Chaves como de Griñán.

Se informaba de "conflictos que pueden ser relevantes en un territorio, qué se estaba haciendo para resolver esa problemática, por qué están protestando los trabajadores" así como de las "ayudas" que daba Empleo al respecto, "a qué colectivos" se daban y "para qué se han dado".

Previamente, Rofa -que estuvo investigada en varias piezas separadas del caso ERE y aún lo está en una- ha respondido al abogado de Griñán que en marzo de 2010 su entonces jefe Juan Márquez le encargó un informe para Presidencia sobre la reclamación de los trabajadores de Mercasevilla tras la decisión del consejero Antonio Fernández de no subvencionar el segundo ERE del mercado central.

Por entonces se investigaba judicialmente un delito societario y presuntas mordidas a empresarios desde la dirección de Mercasevilla y a final de ese año se detectó en el ERE de esta empresa de 2003 el primer "intruso" (prejubilado que nunca trabajó allí). Del primer informe que preparó se hizo "una reducción" porque su jefe señaló que era demasiado técnico para el presidente y aunque el letrado de Griñán le ha interrogado sobre cómo sabe si llegó a éste, Rofa ha asegurado que le consta que su jefe lo envió al consejero y la secretaria de éste le indicó que había sido enviado a Presidencia aunque "si lo leyó o no lo leyó no lo sé".

El juez le ha preguntado si cuando aludió ayer al conocimiento de Griñán sobre las ayudas investigadas se basaba en ese informe y Rofa ha aclarado que no sólo a ese, sino que se enviaron otros ante conflictos laborales y preguntas parlamentarias, tanto en la etapa de Griñán como en la de Chaves.

A preguntas de la defensa de Juan Márquez, ha subrayado que al llegar a la Dirección General de Trabajo y revisar los expedientes de ayudas concedidas en el periodo anterior por su antecesor Javier Guerrero -ambos acusados en este juicio-, vieron "desorden y mala gestión" pero ni ella ni sus compañeros recibieron ninguna información de que hubiera actuaciones "contrarias a derecho" sino indicaciones para mejorar el procedimiento.

El juez le ha interrogado por las ayudas concedidas a Astilleros y ha explicado que hasta marzo de 2010 las pagó la Consejería de Innovación y desde la llegada de Justo Mañas a la Viceconsejería de Empleo se abonaron con fondos de este departamento.