El expresidente de Renfe afirma que no se recibió ninguna orden judicial que autorizara los vagones del 11-M

La juez Coro Cillán sigue investigando las lagunas pendientes en el esclarecimiento de los atentados del 11 M. El expresidente de Renfe Miguel Corsini ha declarado ante la juez Coro Cillán que la compañía no recibió en ningún momento una orden judicial que autorizara la destrucción y el desguace de los trenes que fueron objeto de los atentados del 11 de marzo de 2004, según ha informado a Europa Press el abogado de Manos Limpias José Luis Abascal.

El que fuera presidente de la empresa pública de ferrocarriles cuando se cometió el mayor atentado de la historia de España ha comparecido este lunes, en calidad de testigo, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.

La magistrada ha ordenado esta diligencia a instancias de Manos Limpias, una de las partes que ejerce la acusación contra el exjefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y una perito de su unidad por posibles irregularidades en la recogida y custodia de muestras del 11-M.

Según ha explicado el letrado, Corsini ha afirmado que ni la Policía ni tampoco ninguna autoridad judicial se interesaron por la preservación de los vagones. En cualquier caso, ha indicado que el director de seguridad de Renfe Manuel Rodríguez Simons actuaba como correa de transmisión con la Policía.

CONSERVAR LAS PRUEBAS DEL DELITO

El abogado José Luis Abascal ha destacado que el testimonio ha puesto de manifiesto que no hay constancia de que ningún auto judicial motivara la orden de destruir los trenes que explosionaron en el ataque terrorista.

En este sentido, ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que se recogerán y conservarán los vestigios o pruebas que hayan dejado los delitos con la finalidad de esclarecer los hechos.

El jefe de seguridad de Renfe en el momento en que se produjeron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Manuel Rodríguez Simons, declaró ante la Audiencia Nacional durante el juicio celebrado tres años después del atentado que causó la muerte a 191 personas.

En aquella ocasión, el responsable de seguridad indicó que no recibieron ninguna llamada de aviso sobre la colocación de los artefactos y que comprobó mediante llamada al comisario general de Información de la Policía Nacional que tampoco ellos habían sido advertidos.

QUEMA DE ROPA DE LAS VICTIMAS

Por otra parte, tres policías de la Brigada Provincial de Madrid han testificado ante la juez Coro Cillán para indicar que trasladaron ropas de las víctimas de los atentados hasta la incineradora de Valdemíngomez.

Aunque no recibieron ninguna autorización judicial, un mando les ordenó que los enseres personales se quemaran en el vertedero de Valdemíngomez aunque no hubieran sido sometidas previamente a una prueba pericial. Los agentes no han identificado a este mando policial, cuando han sido preguntados por la acusación.

La juez Cillán investiga al excomisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y a una perito de su unidad por posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.

Según la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la actuación del entonces jefe de los artificieros dificultó conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta del atentado.

En esta causa también están personadas la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO).