La familia del marroquí que fue presuntamente matado a tiros ayer por un guardia civil español en una carretera nacional en las afueras de Madrid pidió hoy "justicia" por la muerte de su hijo en un acto que calificó de "racista". En una entrevista con el portal marroquí "Alyaoum24.com", los dos padres y la hermana de Yunes Slimani, de 39 años, denunciaron también "el silencio" del Gobierno marroquí ante este suceso, ya que en ningún momento han sido contactados por las autoridades de este país.
"Mi hijo vivió durante quince años en España, estaba casado con dos hijos (uno de 5 y otra de 3 años), nunca tuvo problemas en ese país", lamentó la madre de la víctima, Aicha Suabni, quien añadió que su hijo tenía previsto comprar una mercancía en España y volver este mismo miércoles para venderla en Marruecos.
Por su parte, la hermana de Yunes lamentó que ningún responsable se haya puesto en contacto con la familia tras conocerse el incidente y se preguntó cómo habrían sido las reacciones de unos y otros si el asesinato hubiese ocurrido en Marruecos y la víctima fuese española.
MINUTO DE SILENCIO EN ILLESCAS POR SU VECINO TIROTEADO
Paralelamente, cerca de 150 personas se han concentrado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Illescas (Toledo) para guardar un minuto de silencio en recuerdo de su vecino fallecido el pasado lunes tras ser tiroteado por un guardia civil, después de un incidente de tráfico. Al acto, que se ha celebrado a las 13:00 horas, han acudido representantes políticos del municipio; el cónsul de Marruecos en Madrid, Tarik Louajri; el responsable religioso del consulado, Moustapha Ragmouni Alami, y el presidente de la Comunidad Islámica de Illescas, Mohamed Aziz Dahbi.
Se han unido a la muestra de condolencias con la familia diferentes colectivos, asociaciones y trabajadores municipales, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL GUARDIA CIVIL DETENIDO
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arganda del Rey ha acordado este miércoles la prisión provisional comunicada y sin fianza de Angel Luis V.J., el guardia civil el lunes por supuestamente haber matado a tiros a un conductor con el que habría mantenido una discusión de tráfico en la A-3, a la altura del municipio madrileño de Fuentidueña del Tajo.
Inicialmente, la magistrada le ha imputado un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación penal pueda variar según se practiquen las diligencias de investigación que correspondan en el marco de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Durante su puesta a disposición judicial, Angel Luis V. ha declinado declarar, ejerciendo su derecho constitucional al guardar silencio.
El arrestado ha sido conducido al módulo especial que para agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está acondicionado en la cárcel de Estremera.
La autopsia practicada al hombre que fue tiroteado el lunes por un guardia civil fuera de servicio ha confirmado que recibió un total de cinco disparos en el cuerpo, cuatro de ellos en una pierna y el quinto en la cabeza.
La víctima es un ciudadano magrebí de 39 años llamado Younes S. que residía en Illescas (Toledo) y tras certificar su muerte se trasladó el cadáver al Instituto Anatómico Forense para proceder a su análisis. Fue tiroteado por el detenido, un agente de 31 años, que se encontraba de baja por lumbalgia tras un encontronazo de tráfico en el kilómetro 67 de la A-3.
En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ya ha tomado declaración a varios conductores que pasaron por ese punto en el momento en el que se produjo el suceso y, según han confirmado las fuentes consultadas, han confirmado el relato de hechos conocido. El coche que conducía la víctima, un Opel Zafira, chocó en la vía con el BMW en el que viajaba el agente. Al intentar darse a la fuga el guardia civil reaccionó de forma violenta y empleó su arma reglamentaria hasta acabar con la vida de esta persona.
Viana Jiménez no estaba de servicio en ese momento ya que llevaba varios días de baja a causa de una lumbalgia. Los guardias civiles sólo están obligados a entregar su arma reglamentaria cuando están de baja por alguna cuestión psicológica. Tras su arresto, fue sometido al pertinente test de alcohol y drogas y dio positivo por consumo de cannabis.
