El fiscal que reclamó el archivo del caso Faisán pide ahora nuevas dilgencias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado la identificación de los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior al supuesto chivatazo a la banda terrorista ETA en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), que se produjo el 4 de mayo de 2006, hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa.

En un escrito remitido este jueves al juez Pablo Ruz, que investiga la causa, el fiscal Carlos Bautista asegura que "no se opone" a la identificación de los usuarios, reclamada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), aunque añade que "el equipo investigador no ha considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en su informe de imputaciones".

DyJ, que ejerce la acusación popular en el proceso, pidió la identificación de las personas que utilizaron dos móviles y un teléfono fijo "titularizados" por la Subsecretaría del Ministerio del Interior durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".

NUEVO INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

A pesar de que el Ministerio Público solicitó en octubre de 2009 el archivo de la causa al entender que la investigación no ha podido identificar al responsable de la delación, Bautista solicita en este nuevo escrito que la Guardia Civil realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'".

Entiende el fiscal que "resultaría de interés que, de la misma forma que el instructor ha acordado que la Guardia Civil haga un informe complementario del ya hecho sobre la cinta de vídeo", que grababa los movimientos que se producían en el establecimiento, "fuese realizado por la Guardia Civil otro informe complementario al que presente el equipo investigador de la policía sobre las llamadas efectuadas por dichas tarjetas prepago en el lapso señalado por el equipo investigador".

Aunque el escrito indica que en la causa se han practicado "las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos", la Fiscalía añade que las nuevas diligencias solicitadas por la acusación popular "no pueden ser consideradas como impertinentes o inútiles en relación con el objeto del procedimiento, en la medida en que pueden aportar algún dato o elemento complementario".

En relación con la ampliación de la pericial telefónica reclamada por el colectivo de víctimas, la Fiscalía cree que "sería conveniente" que los expertos aclaren "si existe la posibilidad técnica de que las llamadas salientes efectuadas en el entorno del bar 'Faisán' (barrio de Behovia número 17 de Irún) "hayan sido redireccionados a un repetidor más lejano, indicando los casos en que dicho salto de repetidores pueda producirse". También quiere que "indiquen si en el área indicada, en la propia frontera, tienen cobertura las antenas francesas de telefonía móvil".

PRIMERA DECLARACION DEL SUPERIOR DE CARLOS G.

De la misma forma, el Ministerio Público estima "procedente" que Ruz tome declaración a un comisario superior al jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, éste "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".

Para Bautista, esta declaración es pertinente porque el comisario, que en la actualidad trabaja en el Instituto de Estudios de la Policía, "no ha declarado nunca con anterioridad y presentó un informe --el primero que se hizo-- sobre la filtración". La Sección Segunda de la Sala de lo Penal se opuso en febrero de 2009 a esta diligencia.

En concreto, DyJ pretende que se expliquen las "contradicciones" que, a su juicio, existen entre el informe policial y la declaración de Carlos G., que aseguró que en el momento del chivatazo "intentaba activar la operación" desde el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la operación. Según el escrito de DyJ, su informe pone "en tela de juicio la actuación profesional" del jefe de la investigación.

INVESTIGACION INTERNA

El representante del Ministerio Fiscal tampoco se opone a que el Cuerpo Nacional de Policía informe "si existe otra investigación a cargo de la Brigada de Régimen Interior", tal y como pedía DyJ, aunque considera que "debe hacer constar" que todos los miembros del equipo conjunto de investigación fueron destinados a este departamento "tras la filtración".

En relación con la declaración del entonces inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, que Ruz ha ordenado para el próximo 8 de febrero, el fiscal recuerda que ya ha sido "citado como testigo por el instructor". La finalidad de esta comparecencia es aclarar las contradicciones entre su testimonio y el que realizó la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo.

El juez Pablo Ruz reactivó el pasado 24 de enero la causa al ordenar seis nuevas diligencias, entre las que se encuentra preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.

El magistrado, que ha rechazado de esta forma la petición de archivo solicitada por la Fiscalía en octubre de 2009, transformó en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales que están imputados en la causa por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Alava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Alava.