El fraude de los ERE supera al ‘caso Malaya’ al sumar 116 imputados

A pesar de que el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha pedido pasar página, los ERE fraudulentos que afectan de lleno al gobierno socialista andaluz se han convertido ya en el mayor caso de corrupción pública en la historia de nuestro país.

Sobre todo por el número de imputados. Con 116 personas implicadas los ERE superan ya al caso Malaya o a la trama Gürtel.

La juez que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos.

En un auto del pasado 31 de julio, la juez Mercedes Alaya ha decidido imputar a intrusos y empresarios citados en seis informes de seguimiento de la Guardia Civil sobre las ayudas de la Junta.

116 PERSONAS IMPUTADAS

Con estas imputaciones se eleva a 116 el número de personas acusadas, entre ellas una treintena de altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, mediadores, abogados e "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias de las ayudas.

Entre los últimos 23 imputados se encuentran Javier y Pablo Ruiz Mateos por las ayudas al Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), propiedad de ese grupo empresarial familiar.

Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur, citados en un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado en diciembre de 2012.

Junto a ellos, han sido imputadas personas vinculadas al ERE de la empresa Cespa y beneficiarios de las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén, Hitemasa de Málaga, la granadina Dhul, Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec) y Cenforpre, esta última vinculada al exfutbolista Pizo Gómez, ya imputado en la causa.

La familia Ruiz Mateos ha sido citada en varios informes de la Guardia Civil desde el año 2012, ya que el sindicalista Juan Lanzas -encarcelado desde marzo pasado- intervino en los ERE de cinco empresas del grupo Rumasa en Andalucía.

En junio de 2012, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir sus emolumentos en "dinero B, en sobres semanales de 20.000 ó 25.000 euros, siempre en billetes de 500".

Según declaró a la UCO el exabogado de la familia Ruiz Mateos Joaquín Yvancos, Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo en Andalucía -Hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada- por los que le debían tres millones de euros, de los que cobró la mitad.

Los sobres los recogía personalmente Lanzas o su compañera, según el abogado, quien aseguró a la Guardia Civil que, junto a estos pagos, Lanzas "pasaba desde cinco o seis años sus vacaciones de agosto en el Hotel Cervantes" de Torremolinos (Málaga) "de forma gratuita".

Según el abogado, fue el propio Ruiz Mateos quien presentó a Lanzas como "conseguidor" al dueño de Aglomerados Morell y a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, que están imputados en la causa que instruye la juez Alaya por los "intrusos aparecidos en los ERE de sus empresas.