La jueza imputa al expresidente Sanz y al alcalde de Pamplona

El expresidente foral Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía y Hacienda Alvaro Miranda han sido imputados por la jueza que investiga las dobles y triples dietas en Caja Navarra (CAN), que les ha citado a declarar los días 12, 15 y 16 de abril, respectivamente.

Estos son los tres primeros imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que investiga entre otros asuntos las altas dietas que llegaron a cobrar en un sólo día (hasta más de 5.000 euros) como miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de la caja y que, a su juicio, podría suponer un presunto delito de cohecho.

La presidenta navarra, Yolanda Barcina, que también recibió las dietas y que como los tres citados decidió devolver el dinero que ha percibido, no está imputada en esta causa, que se abrió tras una denuncia de la asociación de consumidores Kontuz.

En una breve providencia de solo dos párrafos, la jueza solicita al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra que remita las autorizaciones que existan con relación al cobro de dietas por asistencia y desplazamiento y las condiciones para percibirlas, así como "cualquier otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro".

El pasado 21 de marzo, la jueza consideró en un auto, en el que rechazó remitir esta investigación a la Audiencia Nacional, que el cobro de dietas por asistencia a la JEF y a la Comisión Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal "cuanto menos dudoso", calificable incluso como un presunto cohecho.

Esta irregularidad en el cobro de dietas, según la jueza, es "evidente" en el caso de la Comisión Permanente, un órgano que formaron Sanz, Maya, Miranda y la presidenta Yolanda Barcina.

En el auto, la jueza indicó que la Comisión Permanente no fue regulada hasta la aprobación el 24 de junio de 2011 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad financiera, pero las dietas se estaban pagando desde el 31 de agosto de 2010.

La jueza señaló el cobro de "importantes cantidades" por asistencia a sesiones dobles y triples, "algunas de las cuales tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad" y sin que hubiera "ningún tipo de participación activa" por los asistentes.

Apuntó además en el auto que la percepción de cantidades de "dudosa justificación" por las mismas personas que debían ejercer la inspección de la caja por ser miembros del Gobierno Foral, del Ayuntamiento de Pamplona o del Parlamento, podría ser igualmente constitutiva de ilícito penal.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había solicitado el traslado de este asunto a su juzgado para no dividir la causa abierta en el alto tribunal sobre la gestión de la entidad financiera, tras sendas denuncias presentadas por UPyD y la asociación Kontuz.

Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, ha dicho a Efe que la presidenta Barcina, "si no estuviese protegida por su condición de aforada, estaría en este grupo de imputados", aunque ha precisado que no la incluyeron en la denuncia, con la que, ha insistido, pretenden aclarar lo sucedido y que se asuman responsabilidades.

Unión del Pueblo Navarro (UPN), partido al que pertenecen los tres imputados, ha hecho público un comunicado en el que les expresa su "máximo apoyo" en la seguridad "de que su actuación se ha desarrollado siempre de manera honrada y en el marco de respeto y cumplimiento a la legalidad".

El Partido Popular en Navarra (PPN) ha considerado que las imputaciones suponen un "hecho grave", mientras que el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, ha pedido respeto al principio de presunción de inocencia y que se deje trabajar a la justicia, como también ha pedido Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai.

Por su parte, Izquierda-Ezkerra (I-E), ha insistido en pedir las dimisiones de Barcina y del alcalde de Pamplona y la convocatoria de elecciones, al igual que Aralar y Bildu, que el próximo viernes, 5 de abril, registrarán en el Parlamento foral la moción de censura que anunciaron el pasado 22 de marzo.