La infanta Cristina, imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo mediante un auto de 227 páginas que ha dictado este mismo martes.

La hija del Rey Don Juan Carlos será de este modo interrogada por su participación en el impulso de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido Iñaki Urdangarin, así como en torno a la supuesta defraudación a Hacienda y los gastos en los que incurrió a través de esta mercantil.

La decisión está avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, así como los propios Duques de Palma, se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.

Ya el pasado mes de abril el juez encausó a la Infanta al considerar que habría incurrido en los mismos delitos que presuntamente cometió su marido a través del Instituto Nóos, si bien la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto esta imputación, dejando, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por blanqueo y fraude a la Hacienda pública. Unas pesquisas que el magistrado ha llevado a cabo a lo largo de estos nueve meses.

Y es que, según el tribunal, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.

El tribunal recalcaba así que el dinero que, de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos, no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

CASTRO ACUSA A LA INFANTA DE MIRAR "PARA OTRO LADO" PESE A CONOCER LOS DELITOS DE SU MARIDO

El juez apunta, en el auto que ha dictado este martes para imputar por segunda vez a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, que Iñaki Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado".

Una forma de actuar que el magistrado considera irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido, tanto por su "sólida formación" como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que "se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas".

Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, Castro se pregunta por qué la Infanta no utilizó su "paritario potencial participativo" en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su esposo y a través de la cual se habrían cometido los delitos fiscales que el magistrado atribuye al matrimonio, para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa al facturar a ésta servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.

Más al contrario, el juez subraya que, pese a que la Infanta ostentaba una "parcela de dominio efectivo" a la hora de desplegar una "voluntad societaria" en Aizoon, no consta que ejerciera "el menor control" sobre la actuación de su marido -administrador de la mercantil- sino que "hay sobrados indicios de que colaboró activamente con éste".

En su resolución, de 227 páginas y contra la que cabe recurso de reforma, Castro rebate los argumentos esgrimidos por la defensa de la Infanta en el escrito que presentó para oponerse a su encausamiento, al alegar sus abogados que la legislación mercantil no encomienda al socio la posición de "garante" respecto a la actuación del administrador.

Sin embargo, el juez asevera que lo que se pretende dilucidar no es si la hija del Rey Don Juan Carlos "ha incumplido o no algún deber societario del que se pudiera derivar alguna responsabilidad", sino hasta qué punto la Duquesa estaba 'de facto' "llamada a conocer las irregularidades que se estaban cometiendo" en el seno de Aizoon.

Al hilo de lo anterior, el magistrado resalta el hecho de que Urdangarin, pese al reducido capital social de la mercantil -de tan sólo 3.000 euros-, buscase financiación ajena para ponerla en marcha y "curiosamente" la encontrase en su esposa, motivo por el que "sería de desear", añade, que Doña Cristina "explicara las motivaciones que le llevaron a participar el 11 de febrero de 2003 en la constitución de una sociedad que su marido bien podía haber constituído de manera unipersonal y que, formalmente al menos, nunca ha repartido beneficios".

LOS GASTOS PERSONALES DE LOS DUQUES DE PALMA

"Aizoon no ha repartido entre sus dos únicos socios dividendo alguno", incide el juez al respecto, lo que a su juicio "se aviene mal con que simultáneamente se carguen a Aizoon gastos tan estrictamente personales" de los Duques como lo son "viajes al extranjero, regalos, sesiones de liderazgo, rehabilitación, decoración y suministros" de su vivienda barcelonesa, el conocido como 'palacete' de Pedralbes, además de los costes de la Seguridad Social y salarios de los empleados del servicio doméstico que "fueron contratados directamente" por la Infanta "a sabiendas de que se repercutirían a Aizoon, y esto es sólo a título de muestra".

Por todo ello, considera que "deviene palmario que estos gastos de naturaleza estrictamente personal constituyen rentas procedentes del capital mobiliario que tanto la Infanta como su marido, puestos de común acuerdo para no calificarlos como dividendos, omitieron incluir, cada uno en un 50 por ciento, en sus respectivas declaraciones del IRPF", lo que podría constituir delitos contra la Hacienda Pública imputables a ambos.

ROCA RECURRIRÁ LA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA Y ESTÁ "CONVENCIDO" DE SU INOCENCIA

El abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca i Junyent, ha afirmado este martes que está "absolutamente y plenamente convencido" de la inocencia de su cliente, y ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia de Palma la segunda imputación de la hija del Rey.

En declaraciones a los medios ante las puertas de su bufete de abogados en Barcelona, ha explicado que aún no ha hablado con ella y que él está sereno porque su obligación es "administrar esta situación desde la serenidad", aunque, según sus palabras, la imputación no es una situación agradable.

Ha calificado el texto del juez de "más extenso y acotado" que el primer auto, aunque ha precisado que los criterios son los mismos que los de la primera imputación y que siguen sin tener fundamento. Después, al preguntársele si la imputación demuestra que la justicia es igual para todos, Miquel Roca i Junyent ha sentenciado: "La Justicia es igual para todos, y es lo que reclamo".

Asimismo, ha resaltado que, como abogado, tiene "argumentos consistentes" para defenderla, y ha añadido a preguntas de los periodistas que ella no puede estar satisfecha de la situación. En este sentido, ha constatado que tanto el fiscal como la Agencia Tributaria "dicen que no hay delito". Al preguntársele si mantiene que Doña Cristina está imputada por ser quien es --tal como afirmó en un escrito--, se ha limitado a decir que mantiene todo lo que está en sus escritos remitidos al juez.

Sobre la decisión judicial, ha indicado que discrepa "respetuosamente" pero ha insistido en que no hay fundamento, y ha puntualizado que ahora tienen cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia, en el que reiterará los argumentos del anterior. "Estoy seguro de que nadie ha actuado con ligereza; se ha actuado con criterio y objetividad desde su perspectiva, pero creo que no hay fundamento y no comparto la resolución judicial", ha reiterado.

En este sentido, ha afirmado que no sabe si se verá a la Infanta acudiendo a declarar a los juzgados de Palma pero, en cualquier caso, cree que se hará lo que la justicia "corresponda".