La instrucción de Nóos llega a su recta final con la imputación de la infanta

El juez del caso Nóos, José Castro, pretende poner punto final a casi tres años de investigaciones con la citación como imputada de la infanta Cristina, quien deberá acceder a los juzgados de Palma por su ya famosa rampa dos meses después de que lo hiciera su marido ante un enjambre de periodistas.

Castro ha decidido citar a la hija del rey como paso previo al fin de la instrucción de esta pieza separada del caso Palma Arena, que estalló en 2009 como una causa de corrupción local y ha acabado convirtiéndose en una noticia de eco internacional.

En julio de 2010, el juez cordobés decidió abrir la pieza de Nóos y convirtió así la isla de la calma en ajetreado foco mediático, especialmente en febrero de 2012 y 2013, cuando Iñaki Urdangarin acudió a Palma para defender su inocencia de las acusaciones de desviar, con ayuda de su exsocio Diego Torres, unos 6 millones de euros públicos.

Ahora le llega el turno a su mujer, a la que el duque de Palma defendió a capa y espada ante el juez.

Desde que el 29 de diciembre de 2011 Castro imputó a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, se han hecho inevitables comparaciones entre la condición procesal de ambas, ya que las dos tuvieron un papel aparentemente testimonial en los negocios de sus maridos.

En concreto, la infanta figuraba como vocal en el Instituto Nóos, entidad supuestamente sin ánimo de lucro que sirvió a Urdangarin y Torres para apropiarse de fondos públicos, y también es la dueña, a medias con su esposo, de la empresa Aizoon, que al parecer se usó para legalizar lo "robado" a los gobiernos balear y valenciano.

Estas instituciones encargaron a Nóos la organización de varios foros y congresos relacionados todos con el deporte, un aspecto en el que Urdangarin centró sus labores de asesor para instituciones públicas y también privadas a pesar de los consejos de la Casa Real.

La mujer de Torres figuraba como responsable del área jurídica y fiscal del Instituto Nóos y su defensa ha dado a entender en varias ocasiones el agravio que suponía imputar a una y no a la otra.

Probablemente estas quejas dieron que pensar al juez, quien avisó ante los presentes en la declaración que prestó Tejeiro el pasado febrero en Palma: "Le digo que me ayuden a imputarla, si es que se tiene que imputar, ¿eh?, si es que se tiene que imputar, para que no parezca que no lo está por ser quien es".

Ayer mismo, el juez justificó la condición de imputada de Tejeiro en "haber colaborado activamente con su marido", más o menos lo mismo que hoy ha sostenido sobre la infanta, a quien considera, "cuanto menos", cómplice en los negocios de su esposo.

Por ello, le atribuye ser cooperadora en los delitos que atribuye a Urdangarin, que son un total de seis: falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

Sin embargo, la decisión de Castro de imputar a la infanta llega después de que, el 22 de marzo de 2012, el propio juez se opusiera a citarla en esta condición a petición de una de las acusaciones del caso, Manos Limpias, decisión que en julio de ese año avaló la Audiencia de Palma.

La citación se produce además en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ya el año pasado se pronunció en contra de la petición de Manos Limpias y ahora ha anunciado que recurrirá esta decisión.

Pero el juez la ha llamado de oficio, cosa que no ocurre a menudo en el mundo penal, y la infanta será así el objetivo de los flashes el próximo día 27 como punto culminante de la investigación de Castro.

Seguramente, el juez ha querido evitarse alargar la repercusión mediática de este hecho histórico hasta tener la instrucción prácticamente cerrada y pasar el caso a las acusaciones para que digan qué miembro (o miembros) de la Familia Real deberá sentarse en el banquillo.