Una interventora de la Junta de Andalucía apunta Griñán en el caso de los ERE

Caso de los EREs de Andalucía: Se estrecha el cerco sobre José Antonio Griñán. Hoy hemos sabido que la Interventora de la Junta de Andalucía le advirtió de las irregularidades de los ERE cuando el propio Griñán era Consejero de Economía y Hacienda y no hizo nada para pararlos. El presidente socialista andaluz utilizó el mismo sistema de financiación creado por su predecesora, la ex ministra y ahora imputada Magdalena Álvarez.

En su mano estuvo parar la trama corrupta de los ERE, pero José Antonio Griñán, no lo hizo. Así lo confiesa una interventora de la Junta a la Guardia Civil en una declaración que ya tiene la juez Alaya. La funcionaria afirma que la Consejería de Hacienda sabía que las ayudas se daban sin procedimiento legal. Lo puso de manifiesto una auditoría y el interventor general.

Los agentes de la UCO preguntan quién sería el responsable de hacer cumplir las recomendaciones que pedían acabar con el fraude. Ella contesta que el "único que puede hacerlo y elevarlo al Consejo de Gobierno para que sea tratado sería el titular de la Consejería de Economía y Hacienda". Y ese era, José Antonio Griñán.

La interventora, después, matiza esa declaración. Introduce un "si así, lo cree conveniente..." En su confesión se refiere a las advertencias que lanzó el Interventor General, Manuel Gómez Martínez, hoy imputado, que alertó hasta en 15 ocasiones de las irregularidades.

Griñán siempre ha negado que le llegaran esos avisos. Quien fuera su número dos en la consejería de hacienda, y hoy su titular, Carmen Martínez Aguayo, afirmó que ella sí los había recibido, pero no se los dió a su superior. Y eso a pesar, de que era él, Griñán, el destinatario legal de esos informes.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado hoy, respecto a estas informaciones, que "la interventora adjunta se contradice permanentemente". Griñán ha indicado a los periodistas que "lo que he leído es que ella --Teresa Arrieta-- dijo que Manolo Gómez, el interventor general, le había dicho que había hablado personalmente, y, sin embargo, luego éste dice que no recuerda haberlo hecho".

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido hoy al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de que quien vigila también puede tener una "responsabilidad directa" en los escándalos de corrupción.

Aguirre ha contestado de esta forma a las críticas que ha recibido el auto de la juez Mercedes Alaya, en el que la magistrada que investiga los ERE fraudulentos imputa a una veintena de altos y exaltos cargos del Gobierno andaluz. En este sentido, Aguirre ha recalcado que "muchas veces" puede haber "responsables" que no han tenido "responsabilidad directa", pero sí "in vigilando".

El PP de Andalucía ha pedido un pleno extraordinario para "exigir" al Gobierno andaluz explicaciones sobre las imputaciones en los ERE. La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP andaluz, Dolores López, asi lo ha solicitado a la Diputación Permanente del Parlamento .

ALAYA IMPUTA SIETE DELITOS AL ABOGADO CARLOS LEAL POR SU PARTICIPACIÓN EN LA TRAMA DE LOS ERE

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado un total de siete delitos al abogado Carlos Leal Bonmati, del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y le ha atribuido haber participado en la "trama" desde el año 1999, año al que la magistrada ha decidido ampliar la investigación mediante un auto conocido esta semana, según han informado fuentes del caso. De este modo, la juez Mercedes Alaya ha imputado al letrado sendos presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

Durante más de una hora, la magistrada le ha leído los hechos que le imputa y que, a su juicio, "ponen en evidencia su rol delictivo dentro de la trama", en la que habría supuestamente participado desde el año 1999 a través de los expedientes de Faja Pirítica, Santana, Aglomerados Morell o Río Grande, entre otros.

Carlos Leal era el último de los imputados que faltaba por declarar ante la instructora en relación a la operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Carlos Leal ha asegurado este jueves que "por sus cuentas no ha pasado dinero público, ni un euro" y que "no tiene nada que ocultar".

El abogado ha señalado que "no tenía conocimiento de la inclusión de 'intrusos' en las pólizas de prejubilación" vinculadas a los distintos expedientes, y que "se fue cabreando exponencialmente" conforme se fue enterando de dicha inclusión de 'intrusos'.

LEVANTAN EL BLOQUEO DE UNA VEINTENA DE CUENTAS DE LANZAS

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado el auto por el que la juez Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ordenaba el bloqueo de una veintena de cuentas bancarias del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y de su cuñado, Ismael Sierra, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial estima los recursos de los imputados y declara nulo en su integridad el auto de 2 de abril en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla "por falta de motivación" que "vulnera los derechos fundamentales" de los recurrentes, y por la "indeterminación" en cuanto a los productos bancarios y financieros a bloquear.

Hay que recordar que, el pasado mes de marzo, la juez Alaya ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Juan Lanzas en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. En el auto de prisión, la juez Alaya atribuyó a Lanzas un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.