La comisión que investiga el accidente de Spanair de 2008 en Barajas observa conductas negligentes y pide que actúe la Fiscalía
- Detecta numerosas irregularidades tanto en la actuación de la empresa como de las administraciones y recomienda la remisión de sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado
La Comisión parlamentaria de Investigación del accidente de Spanair -que costó la vida en 2008 a 154 personas y dejó 18 más heridas- considera que pudo haber "conductas negligentes" por lo que apela a que se remita su informe a la Fiscalía General del Estado para su análisis y para que, en su caso, realice las actuaciones que considere pertinentes.
En el borrador de dictamen, pendiente de aprobación, la Comisión recomienda también la creación de un cuerpo propio de inspectores de aviación que vele por la seguridad aérea de forma directa y sin dependencias externas, según el texto al que tuvo acceso Efe.
El vuelo JK5022 se estrelló el 20 de agosto de 2008 a los pocos minutos de su despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Murieron 154 personas y resultaron heridas otras 18, todas ellas con secuelas, según el informe de la Comisión.
La tragedia del avión de Spanair: hablamos con una de las 18 supervivientes
La Comisión se creó en febrero de 2018 a instancia de los grupos parlamentarios Unidas Podemos y Esquerra Republicana para determinar las causas y posibles responsabilidades del siniestro del Vuelo JK5022 de la compañía aérea Spanair el 20 de agosto de 2008. Los trabajos se vieron interrumpidos por la disolución de las Cortes en 2019 en dos ocasiones. La Comisión, que ha celebrado 48 comparecencias, se volvió a constituir en abril de 2020.
Conclusiones y recomendaciones
En sus recomendaciones pide que se asegure la independencia de la Autoridad Administrativa Independiente de Investigación y Prevención de Accidentes del Transporte -recogida en un anteproyecto de ley en el que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-y que se haga depender de las Cortes Generales.
Al tiempo, aboga por la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples y piden que la dirección general de Aviación Civil haga un informe con las acciones preventivas y correctivas de las instituciones públicas involucradas en la seguridad aeronáutica tras este siniestro.
Consideran que se deben revisar los protocolos de asistencia sanitaria de Aena, de las administraciones autonómicas, de las compañías aéreas y de Protección Civil.
Pide al Gobierno y al Ministerio de Transportes que colabore con la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 en la creación de una Fundación de Seguridad en Vuelo, que tiene antecedentes en otros estados. También entiende que se debe aplicar el derecho comunitario, mucho más ventajoso, para las indemnizaciones a las víctimas, y no la legislación nacional, puesto que los jueces se suelen remitir en estos casos a los baremos de accidentes de tráfico.
Por último, se muestran a favor de que se declare el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desastres Aéreos y sus Familias, como han hecho otros países, el último de ellos Canadá, que declaró el día 8 de enero, fecha del derribo del Vuelo PS752 por Irán.
Fallos en el sistema de alerta y un plan de emergencia de AENA que no funcionó
El borrador del informe explica que en el año del siniestro Spanair tenía serias dificultades económicas que le abocaron al cierre/quiebra en enero de 2011 y que, además, se le prorrogó de forma automática, sin mediar inspección, el Certificado de Aeronavegabilidad del avión siniestrado.
También indican que tras una revisión después de que el piloto abortara un primer despegue por el calentamiento de una sonda de temperatura, los técnicos de mantenimiento desconectaron un fusible que da servicio a esa sonda eliminando el problema pero sin averiguar qué originó la avería.
Continúan diciendo que, ante el retraso del vuelo, los pilotos actuaron presionados por el compromiso asumido por la aerolínea de devolver el importe de los pasajes en caso de salidas impuntuales, por lo que "es razonable deducir" que en esta segunda salida a pista no se chequearon los 'flaps' y los 'slats' (partes móviles del ala que se abren en los despegues y aterrizajes). Tampoco se activó la alarma que debería haberles advertido de la configuración incorrecta de la aeronave (sistema de alerta en los despegues o 'tows', por sus siglas en inglés).
El borrador de dictamen recoge que una vez producido el accidente no funcionó el Plan de Emergencia de AENA para el aeropuerto de Barajas. Su activación "fue tardía" y no ordenó la entrada de recursos externos y la pronta llegada de los recursos sanitarios necesarios ante un accidente de esta magnitud.
La comisión afirma que el sistema falló de forma previa y posterior al accidente, y atribuye la responsabilidad del fallo sistémico a los encargados de establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado pone a su disposición.
En este punto cita los nombres de quienes en la fecha del accidente ocuparon puesto de responsabilidad, empezando por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario general de Transportes, Luis Fernando Palao, y el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista.
Cita igualmente a responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea así como a responsables de la compañía aérea y a técnicos de mantenimiento.
Subraya el papel del fabricante del avión, Boeing, porque antes del accidente del JK5022 se produjeron 72 accidentes/incidentes graves causados por el mismo fallo de la alarma "tows".
