La investigación de la Junta eleva a 146 los casos de EREs irregulares

La investigación interna de la Junta de Andalucía sobre los expedientes de regulación de empleo irregulares, que está prácticamente completada, ha arrojado un total 146 casos de presuntos jubilados falsos en los 5.273 prejubilados revisados, aunque faltaría por cotejar 290 más.

Los datos han sido aportados en el Parlamento andaluz por el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien ha destacado que el 97 por ciento de los expedientes revisados no presenta "ningún problema" y que actualmente un total de 5.563 trabajadores perciben estas ayudas en ERE "vivos".

Ante una comisión parlamentaria rodeada de una inusitada espectación mediática, el titular de Empleo ha precisado que la investigación interna de la Junta ha analizado 5.273 prejubilados, el 95% del total, con lo que faltan unos 290 perceptores de cuatro empresas.

De los revisados, unos 5.127 no presentan problemas, mientras se han detectados 59 irregularidades de lo que ha calificado como "ajenos", es decir que no han tenido relación con la empresa afectada por ERE.

La investigación ha localizado, además, 87 "discrepancias administrativas" de casos que están vinculados a las empresas pero "sin certeza" de su relación, casos tanto estos como los anteriores que la Junta de Andalucía ha enviado a la justicia, ha concretado Recio.

El titular de Empleo ha defendido la legalidad de las partidas destinadas a los ERE, de las que ha dicho que son gestionadas por transferencias de financiación de explotación, un proceso que "no es irregular o ilícito" y que ha estado sometido a "control financiero permanente regular e integral".

La Intervención General de la Junta en un informe en 2005 reiteró su "disconformidad" con el procedimiento utilizado para estas ayudas, ha recordado, al tiempo que precisó que una auditoría aleatoria a 20 expedientes discrepó también del procedimiento, pero consideró "correcta" la concesión de las ayudas.

No obstante, ha anunciado que la Junta va a cambiar los procedimientos mediante la próxima publicación de un nuevo procedimiento que regulará la concesión de estas ayudas de manera "reglada en base a principios de publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación".

El objeto -ha sostenido- es que el cien por cien de los perceptores sea "única y exclusivamente los trabajadores" para lo que se utilizará el marco jurídico y los programas que José Antonio Griñán aplicó cuando fue ministro de Trabajo.

Recio ha vuelto a insistir durante su comparecencia en que el objetivo de la Junta es ser "ejemplar y leal" a los ciudadanos en este asunto por "encima" de intereses partidistas y electorales.

Ha resumido su intervención y la de la Junta en un "ejercicio más" de transparencia y de "rendir cuentas" como -según él demuestra- la petición a la Cámara de Cuentas de que fiscalice todas estas ayudas o la "colaboración" con la justicia.

Como ejemplo, ha subrayado que fue el Gobierno andaluz el que denunció a la Fiscalía el caso Mercasevilla, el origen de los ERE irregulares financiados por la Administración autonómica, y que paralizó el ERE de esta empresa en el 2007 cuando se detectaron los supuestos prejubilados falsos.