Ocho jueces de la Audiencia no apoyan la aplicación "mecánica" del fallo de Estrasburgo

Los ocho jueces de la Audiencia Nacional que votaron a favor de esperar a que el Supremo se pronunciara sobre la sentencia de Estrasburgo se han manifestado en contra de su aplicación "de manera mecánica" a presos con la doctrina Parot porque "habrá que estar a las circunstancias de cada supuesto".

Así lo exponen estos ocho magistrados en el voto particular discrepante emitido por Ángel Hurtado y al que se han adherido Ángela Murillo Bordillo, Guillermo Ruiz Polanco, Carmen Paloma González Pastor, Ángeles Barreiro, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.

Para estos magistrados, la sentencia de Estrasburgo se refiere "exclusivamente" a la etarra Inés del Río, "en lo que a su ejecución se refiere" y "no está amparando eventuales mermas de derechos de otros condenados, que no han sido parte en el procedimiento", pese a que se les haya aplicado la llamada doctrina Parot.

Destacan además que si el argumento para no esperar a la decisión de ayer del Supremo es que demorar las excarcelaciones supondría "una privación de libertad irregular", la Sala debía haber dejado en libertad a "todos aquellos otros penados que se encuentran en prisión en igualdad de circunstancias" que los etarras a los que ya se ha excarcelado.

También cuestionan que correspondiera a este tribunal ejecutar la sentencias de Estrasburgo sobre la doctrina Parot "cuando puede haber otras fórmulas" porque, si bien no niegan la "obligatoriedad de cumplimiento de estas sentencias, tampoco se da una explicación de por qué ha de ser el tribunal sentenciador, cuando puede haber otras fórmulas tan válidas como ellas" y que pueden afectar a otros órganos, "incluso, ámbitos".

El Supremo, no obstante, avaló ayer la nulidad de la doctrina Parot y acordó que fueran los tribunales sentenciadores los que aplicaran los efectos del fallo de la corte europea, aunque el alto tribunal acordó también hacer un llamamiento al legislador para regular el cauce de ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A este respecto, el voto particular coincide con el Supremo en señalar que "la problemática" arranca de la circunstancia de que en nuestro ordenamiento no existe procedimiento o mecanismo para dar ejecutividad a esas sentencias que vienen de Estrasburgo, pese a que "son de obligado cumplimiento".

Creen que los nueve compañeros que votaron a favor de no aguardar a esa decisión debían haber explicado por qué "ha de ser el tribunal sentenciador" el que decida sobre las excarcelaciones "cuando puede haber otras fórmulas tan válidas".

Por todo ello, opinan, "hubiera sido conveniente esperar a un pronunciamiento por parte del superior órgano judicial llamado a unificar criterio", no solo sobre si es extensible a otros supuestos la sentencia de Estrasburgo, "sino también, caso de que así fuere, el alcance de tal extensión".

"Por lo tanto, ante tales cuestiones, y teniendo siempre presente que no constituía irregularidad alguna retrasar unos pocos días la puesta en libertad de quien se encuentra en una situación de prisión legalizada, bien podríamos haber esperado a esa reunión del Tribunal Supremo", concluye el voto particular.

NO VIOLAR SU DERECHO A LIBERTAD

El pleno de la Audiencia Nacional decidió el pasado viernes excarcelar a nueve etarras en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot, al considerar que el fallo del tribunal europeo se debe aplicar de forma inmediata para no violar el "derecho a la libertad" de estos penados.

Los magistrados del pleno de la Sala de lo Penal decidieron, con nueve votos a favor y ocho en contra, no esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre las excarcelaciones y dejó en libertad a los presos etarras que pidieron revisar su condena tras la sentencia europea.

Los magistrados que votaron a favor son Fernando Grande-Marlaska (presidente de la Sala de lo Penal y que usó su voto de calidad para desempatar), Alfonso Guevara, Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri, Javier Martínez Lázaro, Antonio Díaz Delgado y José Ricardo de Prada.

Los nueve autos de libertad difundidos hoy, todos ellos con los mismos argumentos, afirman que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se debe aplicar a los etarras, especialmente cuando "se constata la existencia de una situación de privación de libertad irregular, con violación del derecho a la libertad".

EL FISCAL APOYA EXCARCELAR A 12 ETARRAS MAS Y A UN GRAPO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la excarcelación de doce etarras y a una grapo -Olga Oliveira- en aplicación de la sentencia de Estrasburgo que anuló la doctrina Parot, basándose en el acuerdo alcanzado ayer por el Tribunal Supremo, que avaló la ilegalidad de dicho criterio.

La Fiscalía da su aprobación a esas trece excarcelaciones en otros tantos informes, todos ellos iguales, remitidos a la Sala de lo Penal de este tribunal, que el viernes revisará en un pleno esas peticiones, así como la de otro miembro de los Grapo -Laureano Ortega- que ha pedido ser excarcelado en virtud de la acumulación de sus condenas y no por la sentencia de Estrasburgo.

En esos escritos, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, concluye que conforme a lo acordado ayer por el Supremo "se proceda actuar en consecuencia y se acuerde la puesta en libertad" de estos presos.

Entre los etarras están Antxon López Ruiz, "Kubati", asesino de la arrepentida María Dolores González Catarain "Yoyes" y que acumula condenas de 1.210 años por 13 asesinatos y 8 atentados con muerte, así como la integrante del "comando Madrid" Inmaculada Noble, condenada por el asesinato del comandante Ricardo Saenz de Ynestrillas en 1986, entre otros atentados.

También figuran el miembro del "comando Vizcaya" José Félix Zabarte; el miembro del comando "Mangui" o "robacoches", Gonzalo Rodríguez Cordero; Javier Lujambio Galdeano; Jesús Díaz de Heredia; Pedro Juan Odraizola; Juan María Gabirondo; Pedro María Rezabal; Miguel Turrientes; María Josefa Uzkudun y Antonio Alza Hernández.

Los dos grapo que han pedido ser puestos en libertad son Olga Oliveira y Laureano Ortega -considerado jefe de la banda terrorista e integrante del "comando Josefa Jiménez"-, aunque éste no ha invocado la anulación de la doctrina Parot sino la refundición de sus condenas.