La juez de los ERE cita al exviceconsejero y a dos ex directores generales

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha citado como imputados en julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además de ampliar los hechos objeto de acusación a otros ex altos cargos ya imputados. En diferentes resoluciones notificadas hoy, la juez Mercedes Alaya dice que los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a nuevas "responsabilidades de altos cargos" de las consejerías de Empleo, de Innovación y de la agencia andaluza IDEA, a través de la cual se canalizaban las ayudas.

Acuerda además imputar en la causa al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, que era asesor de la Consejería de Empleo cuando se concedieron las ayudas investigadas y que, según uno de los autos, permitió la existencia de cinco "intrusos" en los ERE de Calderinox, Saldauto y A Novo y además participó en la ayuda de 450.000 euros a la empresa SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores, pese a que solo tenía dos empleados. Según el calendario de citaciones, Márquez comparecerá el 3 de julio y Rivera el 11, mientras que la citación de Barberá está fijada en uno de los documentos el 13 de julio y en otro el 27 del mismo mes.

Estos ex altos cargos se unen al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero encarcelados desde mayo y marzo pasado respectivamente. Además, la juez ha imputado en la causa a María José Rofa, mano derecha de Juan Márquez, que es citada el 6 de julio; Antonio Diz-Lois, jefe de servicio en la dirección general de Trabajo; y María Ángeles Gala y Rocío Sayago, tramitadoras de las ayudas en la dirección general de Trabajo.

En un auto de fecha 12 de junio, Alaya analiza el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dice que "la parte verdaderamente novedosa" es la que abarca la fase que se abre en la consejería de Empleo tras el cese de Guerrero en 2008 y cuando sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera "dieron continuidad" a las ayudas, pese a ser conscientes de la inclusión de intrusos en los ERE.

Por ello, Alaya amplía los hechos que imputa a ambos ex altos cargos, que "por un lado mantuvieron la conducta omisiva" ante las irregularidades y por otra no ordenaron el reingreso a las arcas públicas de las cantidades ya cobradas. En el caso de Márquez, era además "pleno conocedor de que en las ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria", dice el auto.

La juez también amplía los hechos que imputa a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por su "activa participación en la inclusión de los intrusos de Intersur" y de otros tres beneficiarios de su localidad natal de Camas (Sevilla), uno de ellos concejal del PSOE y otro cuñado suyo.

Por otra parte, el auto amplía las imputaciones a los abogados Daniel Gutiérrez Montaña y Carlos Leal, del bufete Villasís, por los intrusos aparecidos en el ERE del restaurante Río Grande. La juez también requiere a la Junta para que "de manera urgente" aporte un listado de las cantidades irregulares cuya devolución haya exigido, con la fecha de inicio de los correspondientes expediente, y reprocha a la Administración que sigue siendo incompleta la documentación sobre las ayudas a la compañía Hijos de Andrés Molina.

Asimismo, pide que se identifique al autor del informe que el Gabinete del Consejero de Empleo elaboró en respuesta a otro escrito del gabinete jurídico Garrigues sobre viabilidad de las ayudas excepcionales cuando Antonio Fernández era titular de la citada consejería.