El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra uno de los hijos de José María Ruiz-Mateos por un delito de estafa durante la lucha interna que mantuvieron los socios de la inmobiliaria Gestesa.
En un auto notificado hoy a las partes, la juez Raimunda de Peñafort ha impuesto a Pablo Ruiz-Mateos y las otras cuatro personas implicadas una fianza solidaria de 6,5 millones de euros, de cuyo pago es responsable civil subsidiaria Nueva Rumasa.
El caso se inició en 2009, a raíz de la querella interpuesta por los propietarios de Gestesa contra su exsocio Juan Francisco López, al que acusaron de haberse aliado en 2006 con Nueva Rumasa para que hiciera una oferta supuestamente ficticia de 22 millones de euros por su paquete accionarial.
Los actuales propietarios de la inmobiliaria de Guadalajara, que inicialmente habían ofrecido algo menos de 11 millones, decidieron igualar la supuesta oferta de Nueva Rumasa para hacerse con el paquete accionarial de Juan Francisco López, con el que se quedaron en virtud del derecho de suscripción preferente.
A su vez, López pagó una comisión de 2,1 millones de euros a los Ruiz-Mateos como teórica compensación por no haberles transmitido la participación y otros 350.000 euros a Santiago Esteban como intermediario en la operación.
Según Gestesa, que está asesorada por el abogado José Antonio Choclán, el contrato que firmó López con Nueva Rumasa fue elaborado a posteriori con el objetivo de dar apariencia de realidad a la oferta del conglomerado de la familia Ruiz-Mateos y justificar la comisión ilegal pagada.
Por ello, los propietarios de la inmobiliaria también acusan al exsocio de un delito de falsificación en documento privado, junto a Santiago Esteban, que supuestamente diseñó la operación y le puso en contacto con la familia Ruiz-Mateos.
El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha pedido al Ministerio Fiscal que remita su escrito de acusación contra los cinco imputados, a los que les ha impuesto una fianza de 6,5 millones por los daños y perjuicios causados a Gestesa.
Ese importe corresponde al sobreprecio que han pagado hasta el momento los dueños de la inmobiliaria por la participación de su ex socio, que desde 2009 no cobra las cantidades pendientes del acuerdo (unos 9 millones de euros).
De hecho, la juez instructora ha ratificado las medidas cautelares que impuso en julio de 2010, por las que se suspendían los pagos acordados a Juan Francisco López Garrido, que terminaban el próximo 24 de marzo.
