La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana es copropietario en la sombra de varios inmuebles, terrenos y fondos que podrían haber sido depositados en Uruguay y Andorra, según consta en el sumario del caso Erial, al que ha tenido acceso Efe.
De los movimientos bancarios intervenidos, en combinación con las vigilancias y escuchas practicadas, los investigadores infieren que Zaplana fue propietario encubierto de un piso en el número 108 de la calle Núñez de Balboa de Madrid, recientemente vendido a través de la sociedad Costera del Glorio.
Al frente de esta sociedad, la Guardia Civil sitúa a Joaquín Barceló, amigo y compañero de estudios de Zaplana, que además ocupó los cargos de director general de la Conselleria de Turismo, responsable de formación en la Agencia Valenciana de Turismo y desde 2003 miembro del consejo de administración de Terra Mítica.
Barceló, a través de una firma radicada en Luxemburgo (Imison) fue beneficiario, supuestamente, de 6,4 millones de euros en concepto de contraprestación por el amaño de las adjudicaciones para la gestión de las ITV de la Comunitat Valenciana.
Los investigadores creen que Zaplana ha ido recibiendo estos últimos años "fondos procedentes de las presuntas comisiones ilegales" -que abonaron las empresas adjudicatarias a través de pagos en el extranjero- bien a través de entregas dinerarias, la última de 50.000 euros, bien a través de facturación falsa, compra de terrenos o en "especie", es decir, con pisos, coches o un yate que habría disfrutado el exministro.
La sociedad luxemburguesa Imison participó de otra de las sociedades de Barceló (MedLevante) hasta 2014, cuando esa participación se dividió en dos empresas uruguayas (Misnely y Disfey). Por este motivo, y por el contenido de conversaciones intervenidas, creen los investigadores que todavía quedan fondos por repatriar a España (unos 3,5 millones) y que podrían estar ocultos en Uruguay o Andorra.
José Luis Olivas
En el marco de la investigación al expresidente y exministro de Trabajo, los investigadores hacen referencia a una reciente condena impuesta al también expresidente de la Generalitat con el PP y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas.
El pasado mes de enero, Olivas y Vicente Cotino (sobrino del que fue ex director general de la Policía Juan Cotino) fueron condenados a un año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública, al abonar el segundo 500.000 euros al primero por un trabajo de asesoramiento que se demostró que nunca realizó y que ahora se sospecha que pudo estar relacionado con el cobro de una mordida.
En este caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente del gobierno regional de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión. Además de Zaplana y el que fuera su jefe de gabinete Juan Francisco García, entre los investigados se encuentran Juan Cotino, Vicente Cotino, José Cotino, Washington Fernando Belhot, Francisco Pérez López, Juan Bautista Fuster, Joaquín Barceló, Mitsouko Flerida, Felisa López González y Rosa Barceló.
También están investigados Francisco Grau, Saturnino Suanzes, Paloma Domínguez, María Teresa García, Ángel Salas y Roberto Edgar Batauche.
Los delitos que se investigan son cohecho, prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
