El juicio del caso Faisán contra el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el exinspector José María Ballesteros, acusados de colaborar con ETA por desvelar en 2006 una operación contra la banda terrorista, comenzará este lunes en la Audiencia Nacional.
Pamiés se enfrenta a peticiones de hasta 10 años de prisión por los delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos, mientras que para Ballesteros las acusaciones piden penas de hasta 9 años de cárcel. Sus respectivas defensas reclaman la absolución.
En la tribuna de las acusaciones de este controvertido juicio se sentará el fiscal Carlos Bautista, que pidió dos años de cárcel para Pamiés y uno y medio para Ballesteros por revelación de secretos con grave daño a la causa pública y, alternativamente, otros 5 por colaborar con ETA.
Sin embargo, Bautista dejó claro en su escrito que este último delito lo incluía por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
También se sentarán en la bancada los abogados de las acusaciones populares: el PP, que pide 8 años y medio de cárcel para Pamiés y 7 años y medio para Ballesteros; Dignidad y Justicia, que reclama 10 y 9 años, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pide 8 años y medio 8 años, respectivamente. Todas ellas les imputan los dos delitos en concurso.
Los hechos enjuiciados ocurrieron el 4 de mayo de 2006 cuando, según las acusaciones, Ballesteros, entonces inspector de la Brigada de Inteligencia de Álava, acudió al bar Faisán y le entregó un teléfono al dueño del local y miembro de la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa. Al otro lado de la línea estaba, supuestamente, Pamiés.
A Elosúa le seguía desde hacía meses un dispositivo policial que averiguó que ese día se iba a reunir en el bar con el etarra Cau Aldanur para darle 54.000 euros procedentes de una extorsión a un empresario.
Las fuerzas de seguridad pretendían culminar la investigación esa misma jornada con la "Operación Urogallo", que se vio frustrada cuando, según el fiscal, Pamiés alertó a Elosúa en una conversación telefónica de 8 minutos y 11 segundos.
En ella le dijo que se iba a producir la operación en la que Aldanur sería detenido y respaldó el chivatazo en que podía alterar la "situación política" en plena tregua de ETA, ya que entre los posibles detenidos figuraba un miembro del PNV, el fallecido Gorka Aguirre.
Elosúa hizo caso omiso del aviso y, después de pasar media hora en un local cercano donde supuestamente destruyó pruebas, se montó en su coche con su yerno y acudió a Francia para reunirse con Aldanur.
Aunque Pamiés le había avisado de que no hablara en el coche porque lo tenía pinchado, en el transcurso del viaje Elosúa narró a su yerno la conversación que había mantenido con el Policía. Sus palabras las estaba escuchando en directo un policía que inmediatamente avisó a su inspector, todo ello según el relato del fiscal.
Las autoridades españolas intentaron entonces practicar las detenciones en Francia, pero un problema burocrático con las autoridades galas lo impidió.
Por otra parte, la transcripción de la conversación del coche fue enviada al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que abrió una investigación.
Finalmente, el 22 de junio de 2006 se llevó a cabo la operación y se detuvo a todos los integrantes de la red de extorsión, aunque no se encontró ni una prueba documental ni el dinero de los chantajes.
El fiscal Bautista cree que estos hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos y siempre mantuvo que no suponen colaborar con ETA porque los policías no querían beneficiar a la banda ni comulgaban con su ideología, pero finalmente les acusa también de este delito por orden de su superior.
Las defensas de Ballesteros y Pamiés sostienen una versión muy diferente a la del fiscal y piden su libre absolución.
La abogada de Pamiés, María Ponte, afirma que su defendido ese día tenía una cita con un confidente infiltrado en ETA, "El Romano" -que declarará en el juicio-, y que mandó a Ballesteros a reconocer la zona.
Además, alega que Elosúa no reconoció a Ballesteros como la persona que le entregó el teléfono y denuncia las "enormes deficiencias en la investigación", como que no se analizaron las llamadas de las redes de telefonía francesas y solo se tuvieron en cuenta las de más de cuatro minutos.
El abogado de Ballesteros, José Luis Vegas, también aduce las deficiencias en la investigación y asegura que su cliente solo estaba en la zona haciendo una batida de reconocimiento bajo las órdenes de Pamiés.
El juicio contra los dos mandos policiales tiene previsto celebrarse hasta el miércoles, en sesiones de mañana y tarde de ser necesario. Mañana serán interrogados Pamiés y Ballesteros, así como Elosúa, su mujer, hijo y yerno como testigos.
En total se prevé la declaración de 105 testigos de la Fiscalía, 8 de Pamiés, incluyendo el confidente como testigo protegido, y 3 de Ballesteros. Además, se expondrán 22 periciales, se escuchará la grabación del chivatazo y se visionará el vídeo de Ballesteros saliendo del bar.
